En un vuelo procedente de Estados Unidos que aterrizó este miércoles, 30 de septiembre, en Barcelona, estado Anzoátegui, regresó a territorio venezolano el exalcalde del municipio Libertador del estado Mérida, Carlos García, tras permanecer más de ocho meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El opositor formó parte de un grupo de 353 ciudadanos venezolanos repatriados en el marco de los vuelos de deportación desde territorio estadounidense.
Recepción oficial y llegada
A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, el presidente de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Mervin Maldonado, documentó el momento exacto en el que García desciende de la aeronave y es recibido en la pista con un apretón de manos por parte del funcionario gubernamental.
"Como siempre cumpliendo con todos los protocolos de protección integral, estamos atendiéndolos hasta llevarlos a sus casas", indicó Maldonado al referirse al operativo de recepción de los connacionales.
Detención y polémica en EEUU
La aprehensión de García se produjo el pasado 23 de enero por parte de agentes del ICE en la ciudad de Cincinnati, Ohio. Tras el arresto, su esposa, Gaby Duarte, denunció públicamente que la medida se ejecutó a pesar de que el exmandatario local contaba con estatus de asilo político y un permiso de trabajo con vigencia hasta el año 2030.
La deportación generó reacciones inmediatas en el ámbito político nacional. En su oportunidad, la presidenta del partido Primero Justicia (PJ), María Beatriz Martínez, alertó sobre los peligros que corría el dirigente al retornar al país, recordando su perfil: "Es un ciudadano trabajador, ejemplar, sin récord criminal, padre de familia".
Historial político y causas pendientes
Carlos García resultó electo alcalde del municipio Libertador de Mérida para el período 2013-2017. No obstante, su gestión se vio interrumpida cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo destituyó y condenó a 15 meses de prisión por negarse a impedir las protestas y manifestaciones ciudadanas contra el Ejecutivo nacional en la capital merideña.
Dicha sanción judicial fue calificada por diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos como un acto de persecución política, situación que en su momento lo obligó a abandonar el país de manera clandestina ante una orden de captura que pesaba en su contra y que, hasta el momento de su repatriación, se mantenía vigente.
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