Uno de cada tres municipios en Colombia está en riesgo electoral por grupos armados

Uno de cada tres municipios en Colombia está en riesgo electoral por grupos armados

Pasadas 72 horas del crimen de Karina García Sierra –candidata del Partido Liberal a la Alcaldía de Suárez, en el norte del Cauca–, este miércoles la Defensoría del Pueblo advirtió que el 36 % de los municipios de Colombia (uno de cada tres) está en riesgo electoral por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales.

De acuerdo con el organismo, que emitió una alerta temprana por riesgo electoral, hay advertencias para 402 municipios y 16 áreas no municipalizadas. Se estima que Antioquia, Chocó, Bolívar, Sucre, Nariño, Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca, La Guajira, Meta y Valle del Cauca, son las regiones con mayor peligro.

“Este documento debe convertirse en una herramienta de prevención para que la próxima jornada electoral se defina por el debate de las ideas, de las propuestas por un mejor país, y no por la presión de los delincuentes”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.

Según la Defensoría, son 78 los municipios que tienen un nivel de riesgo extremo, pues confluyen una serie de dificultades como la disputa entre grupos armados con la Fuerza Pública; economías ilegales; vulnerabilidad de la sociedad, y poca presencia del Estado

Son en total siete los grupos armados que tienen capacidad de injerencia o perturbación en los comicios: ELN; EPL; Autodefensas Gaitanistas; disidencias de las Farc; AUC (por ejemplo, Caparros, Pachenca, Rastrojos, la Oficina del Valle de Aburrá); otros grupos armados (entre ellos, Pacheli, La Constru, Cordillera y otras bandas organizadas) y algunas expresiones armadas sin posibilidad de determinar su origen o nombre.

“Los grupos armados ilegales tienen interés de intervenir y lograr penetrar a las administraciones públicas mediante estrategias diversas, todas ellas impregnadas de la forma particular de actuación que dicte la lógica de la confrontación armada o la conflictividad social en el territorio”, se advierte en la alerta.

El ente también expresó preocupación por la violencia contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos. Entre el 1 de enero y el 15 de agosto de 2019, hay registro de 52 casos en los que estas personas –quienes participan como pre–candidatos, candidatos, miembros de procesos políticos, veedores ciudadanos o impulsores de iniciativas ciudadanas–, fueron víctimas de conductas vulneratorias a sus derecho.