El Gobierno de Suecia ha dado un paso definitivo en su estrategia de seguridad este miércoles, 25 de febrero de 2026, al anunciar un ambicioso proyecto de ley que redefine la estancia de extranjeros en el país. Bajo la nueva normativa, cualquier ciudadano extranjero que sea condenado por un delito cuya pena supere una simple multa enfrentará la deportación como regla general, eliminando gran parte de la discrecionalidad judicial que imperaba hasta la fecha.
El ministro de Migración, Johan Forssell, fue tajante durante la rueda de prensa oficial al asegurar que el país ha sido "demasiado condescendiente" con delincuentes extranjeros durante décadas. "Se ha mimado a quienes han cometido delitos graves", afirmó Forssell, subrayando que la prioridad ahora es la seguridad ciudadana y el orden público.
Un cambio sistémico en la justicia La principal novedad del proyecto radica en la carga procesal: a partir de su implementación, los fiscales tendrán la obligación legal de solicitar la deportación como parte de la sentencia condenatoria. Este cambio busca evitar que la expulsión quede supeditada al criterio individual de la fiscalía o a interpretaciones laxas de la norma.
Con esta medida, el Ejecutivo de Ulf Kristersson —respaldado por el partido de derecha Demócratas de Suecia— estima que las deportaciones anuales se dispararán hasta las 3.000, una cifra que sextuplica el promedio actual de 500 expulsiones por año.
Este endurecimiento legislativo no ocurre en el vacío. Suecia atraviesa una crisis de seguridad que se ha prolongado por más de una década, marcada por la violencia extrema de bandas organizadas y la lucha por el control del narcotráfico. Si bien los tiroteos mortales han mostrado una ligera tendencia a la baja, el país ha experimentado un repunte alarmante en atentados con explosivos, una modalidad que ha puesto en jaque la tranquilidad de las ciudades suecas.
El paquete de medidas anunciado hoy es el último eslabón de una cadena de reformas que incluyen la ampliación de poderes policiales y un endurecimiento del sistema penal juvenil, donde ya se contempla reducir la edad de responsabilidad penal de los 15 a los 13 años.
El proyecto de ley será remitido de inmediato al Consejo de Legislación para su examen técnico, con la meta fijada para que entre en vigor el próximo 1 de septiembre. De aprobarse, Suecia consolidará uno de los regímenes migratorios y penales más estrictos de toda la Unión Europea.
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