La organización internacional Human Rights Watch (HRW) instó al Gobierno de Estados Unidos a emitir una orden clara y definitiva: los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deben mantenerse completamente alejados de los centros de votación, recintos de sufragio anticipado y buzones electorales durante el actual periodo de elecciones de mitad de mandato.
La advertencia surge ante el riesgo inminente de que la presencia de fuerzas federales intimide y disuada a los ciudadanos de ejercer su derecho democrático. Philippe Bolopion, director ejecutivo de HRW, fue tajante al recordar que el accionar de ICE ha afectado gravemente a ciudadanos estadounidenses en el pasado, quienes han sido interceptados o detenidos por error. “Los votantes no deberían tener que temer quedar atrapados en una redada de ICE cuando acuden a votar”, aseveró el vocero.
Aunque la legislación federal estadounidense prohíbe expresamente el envío de "tropas u hombres armados" a los recintos electorales para evitar la coacción, la preocupación ciudadana es palpable. Una encuesta nacional realizada en septiembre reveló que el 40 % de los consultados espera ver presencia de ICE en los centros de sufragio, un temor que se dispara entre las comunidades no blancas.
Esta alarma colectiva se alimenta de las posturas de altos funcionarios de la administración de Donald Trump. Voceros como Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, y Todd Blanche, actual fiscal general, no han descartado por completo el despliegue de estos agentes, argumentando que podrían actuar si deben "ejecutar una orden" activa o si perciben una amenaza directa en el lugar.
El temor al perfilamiento racial en las urnas
La controversia se sostiene sobre la narrativa gubernamental del presunto voto masivo de personas sin ciudadanía, una afirmación que centros de estudios como el Brennan Center, el Bipartisan Policy Center y el Cato Institute han desestimado, concluyendo tras diversas investigaciones que dicho fenómeno tiene una incidencia insignificante en los resultados.
Sin embargo, el impacto del perfilamiento racial sobre ciudadanos legales sí es una realidad documentada. Investigaciones recientes de ProPublica revelan que al menos 500 ciudadanos estadounidenses han sido detenidos por autoridades migratorias desde el inicio del actual mandato presidencial, casi todos ellos pertenecientes a minorías racializadas.
HRW alertó que incidentes como los registrados en Minnesota o Los Ángeles —donde se utilizó la raza para inferir nacionalidades— han infundido un miedo profundo en las comunidades, obligando a muchos a cargar sus pasaportes a diario. Ante las tres demandas que actualmente cursan en tribunales federales para frenar estas acciones, HRW concluyó que la única salida democrática es ordenar públicamente a ICE que se mantenga al margen de cualquier espacio donde se esté votando.
Luis Miguel Flores
Noticia al día/HRW
