Personas con discapacidad marchan a la capital boliviana para exigir un subsidio mensual

Personas con discapacidad marchan a la capital boliviana para exigir un subsidio mensual

Foto:Agencias

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Una caravana de discapacitados, la mayoría en muletas o sillas de ruedas, avanza en una marcha forzada por una ruta principal rumbo a La Paz para exigir el pago de un subsidio mensual, una medida con «matiz político», según consideró este lunes el gobierno.

Los minusválidos, que desde hace 20 días realizan también otro tipo de manifestaciones, como colgarse con sogas de puentes encima de sus sillas de ruedas, piden que el gobierno les pague un bono mensual equivalente a 72 dólares, solicitud rechazada de antemano por el Ministerio de Economía.

Según estimaciones oficiales, actualmente los discapacitados se benefician de un bono anual equivalente a 72 dólares.

El titular de Economía, Luis Arce, estimó que «la demanda de las personas con discapacidad implica un monto mayor que el destinado anualmente a todo un departamento (pequeño) del país». En Bolivia existen unas 388.000 personas con algún tipo de dificultad permanente, según datos de la Defensoría del Pueblo. 

A 180 km de La Paz, un centenar de discapacitados, acompañados de familiares y personal de socorro, avanzaba este lunes en medio de «mucho frío» y de alturas extremas de hasta 3.800 metros de la puna altiplánica, según la ministra de Salud, Ariana Campero.

«Nos hacen pensar que hay un matiz político en la movilización, que hay intencionalidad de desestabilizar y generar una imagen del gobierno de que somos insensibles», consideró Campero luego de fracasar el fin de semana una nueva negociación.

Pagar esa renta mensual supondría para el Estado unos 40 millones de bolivianos (5,7 millones de dólares), según el gobierno.

Frente a la negativa oficial de hablar de la renta, aunque sí de otros beneficios colaterales como empleo o formación, el asesor legal de los discapacitados, Wilson Yanarico, sostuvo que quieren «hablar de la renta y no de los otros temas» consignados en una Ley sectorial.

AFP