El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alzó su voz este jueves para denunciar la persistencia de un estado de indefensión jurídica que afecta a 20 comunicadores y trabajadores de los medios en Venezuela.
Según la organización gremial, estos profesionales continúan sometidos a medidas cautelares y procesos judiciales abiertos pese a que los lapsos legales para dictar sentencia o sobreseimiento han vencido.
El sindicato reveló que, a principios de 2026, la cifra de periodistas judicializados ascendía a 40. Si bien el número se ha reducido a la mitad, el 70 % de los casos restantes ya ha formalizado solicitudes de sobreseimiento bajo la Ley de Amnistía, sin recibir respuesta alguna por parte de los tribunales competentes.
El SNTP advirtió que la falta de libertad plena para estos trabajadores no es un hecho aislado, sino que responde a una estrategia de "obstrucción del acceso a la justicia". Entre las irregularidades documentadas por el gremio destacan:
El extravío recurrente de expedientes judiciales, la falta de distribución de documentos a través de la Unidad de Recepción y Distribución (URDD) y contradicciones entre defensores públicos y tribunales sobre el estatus y la ubicación de las solicitudes.
"Estas prácticas mantienen a los periodistas en un estado de incertidumbre jurídica que les impide ejercer plenamente sus derechos fundamentales", señaló el comunicado del sindicato, subrayando que la aplicación de la amnistía no debería verse obstaculizada por omisiones administrativas.
Ante este panorama, el SNTP confirmó que toda la documentación ha sido consignada ante el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, así como ante la comisión especial de la Asamblea Nacional que realiza el seguimiento a la Ley de Amnistía. De hecho, el pasado 25 de marzo, representantes gremiales sostuvieron un encuentro con parlamentarios para exigir celeridad en los casos.
El llamado urgente del sindicato se extiende a jueces, fiscales y defensores públicos, instándolos a actuar apegados al debido proceso para restituir la libertad plena de quienes, como en el caso reciente del periodista Román Camacho —quien suma 30 días esperando respuesta a su solicitud—, siguen bajo el rigor de medidas restrictivas por el ejercicio de su labor informativa.
Foto: Referencial
Noticia al Día
