La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón expresó su preocupación por la situación registrada en el Internado Judicial Rodeo I, donde presuntamente un preso político habría intentado quitarse la vida el pasado 23 de marzo.
A través de un pronunciamiento, la ONG calificó el hecho como una “alerta roja” que evidencia la extrema vulnerabilidad de las personas detenidas por razones políticas, así como el progresivo deterioro de su salud mental dentro de los centros de reclusión.
La organización advirtió que ignorar las condiciones físicas y psicológicas de los privados de libertad constituye una omisión grave por parte del Estado, que —según señaló— podría encuadrarse como trato cruel, inhumano y degradante de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos.
En ese sentido, exigió el cese de la opacidad sobre lo que ocurre dentro del recinto penitenciario y solicitó el acceso inmediato a atención médica especializada, así como la realización de evaluaciones psiquiátricas independientes para los detenidos.
Finalmente, Justicia, Encuentro y Perdón reiteró que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida y a la dignidad de las personas bajo su custodia, subrayando que su deber es proteger, no vulnerar la integridad de quienes se encuentran privados de libertad.
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