Niños arrastradores: el anzuelo de las redes de tratas

Niños arrastradores: el anzuelo de las redes de trata

Foto: Cortesía / Carlos Eduardo Ramírez

Menores migrantes venezolanos son usados por redes criminales para enganchar a otros menores y llevarlos con mentiras a la frontera con Colombia

 

– Un trabajo especial de El Diario de los Andes y Connectas, relata cómo una joven identificada con el nombre de Daniela fue rescatada de una red que capta niños y adolescentes en la región fronteriza colombo-venezolana, utilizando a otros menores como señuelo. Son los niños arrastradores.

La insistencia de Pedro, el papá de la adolescente, fue determinante para que el caso no fuese desestimado.

«Él recordó que tres días antes de la desaparición, una joven de 16 años había visitado a Daniela en su casa, en el municipio Bolívar, del estado Táchira, Venezuela, frontera con el Departamento Norte de Santander, Colombia», detalla la periodista Mariana Duque, en el reportaje. 

«Por ello, presintió que Daniela se había ido con aquella joven que la visitaba mucho. Pensó que si no encendía las alertas no sabría el destino su hija y corrió hacia las trochas o senderos más cercanos para preguntar, con una fotografía, si la habían visto pasar».

Según estimaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados, existe un alto flujo migratorio infantil de Venezuela a Colombia del que no hay datos precisos.

En octubre de 2021, el secretario de Fronteras y Asuntos Migratorios de la Gobernación del Norte de Santander, Víctor Bautista, aseguró que el 45 % del flujo migratorio desde Venezuela es de menores de 14 años, y que para la fecha ingresaba un promedio de 200 migrantes diarios por la zona de frontera.

La mayoría de estos niños, niñas y adolescentes lo hacen solos y sin documentación, por lo que no pasan por los puentes internacionales que unen a su país con Colombia, sino por caminos ilegales que son controlados por grupos criminales organizados de ambas naciones.

 

Redes de explotación de menores

Este fenómeno migratorio, sin embargo, esconde otra cara más de la tragedia que viven los migrantes venezolanos y que es muy poco investigada: niños, niñas y adolescentes son captados por arrastradores, es decir, otros menores de edad, para ser llevados a Colombia y entregados a redes de trata de personas, con fines de explotación sexual o laboral.

De 2020 a 2021, el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del municipio Bolívar, de Táchira (Venezuela), recibió a nueve menores de edad repatriados, víctimas de explotación sexual, captados por otros menores.

El exalcalde de ese municipio, William Gómez, contabiliza dos casos frustrados de adolescentes que intentaron pasar a cuatro menores por el Puente Internacional Simón Bolívar; gracias a una alerta temprana, fueron detenidos por las autoridades.

En el mismo periodo, el Observatorio Asuntos de Género del Departamento Norte de Santander, en Colombia, identificó cinco casos de menores de edad víctimas de trata.

Estos niños o adolescentes arrastradores ubican a otros de su misma edad para convencerlos de salirse de su casa, sin avisar a sus familias, ofreciéndoles teléfonos de alta gama, dinero, un trabajo con buena remuneración y la oportunidad de ayudar a sus familias.
La mayoría de los arrastradores conocen a esos otros niños, pues los buscan en espacios en donde han vivido o han estado en otra ocasión, para generar confianza.

 

 

 

 

Venezuela no maneja cifras, ni denuncias sobre niños arrastradores

En 2020, el Ministerio de Interior de Colombia registró 31 casos de trata en niños, niñas y adolescentes, mientras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) enumera ocho casos, ocurridos de 2016 al 2021.

Dentro de la trata infantil y juvenil también hay explotación sexual comercial, y en ese renglón el ICBF cuantifica en el mismo periodo 45 casos.

Las instituciones venezolanas no dan cifras sobre este asunto. El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (Idenna), con sede en Táchira, alega que, de hacerlo, estarían infringiendo la ley.

Por su parte, Wilman Rivera Torres, jefe de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, niega que en los organismos de seguridad venezolanos existan registros porque no hay denuncias sobre trata, ni de menores arrastradores, ni de niños desaparecidos en la frontera.

 

Un delito que no se denuncia

Pedro temía que su hija estuviera en manos de una red de trata. Desesperado por encontrarla, cruzó a La Parada de Cúcuta, municipio Villa del Rosario del Departamento Norte de Santander y pidió ayuda a tres funcionarios policiales que estaban en los alrededores de la sede de Migración.

Al no ser atendido, se trasladó al Terminal de Cúcuta. Subió a los autobuses que conducen a Bucaramanga y Ocaña e ingresó al Comando de Atención Inmediata de la Policía Nacional de Colombia, dentro del mismo puerto terrestre. No consiguió apoyo.

Pedro también fue a Fiscalía y a la sede de la Policía de Infancia y Adolescencia, donde tampoco le recibieron la denuncia; alegaban que debía hacerlo en Venezuela.

Al revisar cuentas de Facebook e Instagram, sus familiares encontraron contactos en común de Daniela con su supuesta amiga.  Descubrieron que esta última pertenecía a la red de una mujer a la que le dicen “La Patrona”, dueña de prostíbulos en Colombia.

Pedro compartió esta información con los funcionarios policiales, quienes establecieron contacto telefónico con los delincuentes. De ahí descubrieron que esa adolescente era una arrastradora que trabajaba en un bar del departamento del Cesar, Colombia. A partir de allí, los policías accedieron a formalizar la denuncia.

En Venezuela, Wilman Rivera, director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Táchira, asegura que no tienen denuncias de desapariciones o casos de trata. Sin embargo, reconoce la existencia del fenómeno de menores arrastradores.

En el caso de Daniela, en la Policía de Infancia y Adolescencia en Cúcuta formalizaron la denuncia de desaparición sólo hasta que los padres mostraron pruebas de que su hija estaba con una red de trata. La llamada de la menor les permitió hacer un rastreo del dueño del teléfono y del conductor del vehículo. Así lograron su rescate.

Al revisar el teléfono de la arrastradora, los funcionarios descubrieron que la joven había recibido 280 dólares por Daniela, y que se había llevado cuatro niños más.

También se sabe que los menores arrastradores pueden usar las redes sociales para hacer la captación.

En la ruta migrante colombiana han identificado a niños que salieron hace cuatro o cinco años de Venezuela y que han estado en Chile, en Perú o en otros países, y siguen movilizándose entre diversas naciones. Es probable que, entre ellos, haya arrastradores.

 

 

Foto: MigraVenezuela / Andrés Rosales

 

La ruta del menor migrante

Andrés tiene 15 años y ya ha salido cuatro veces de Venezuela. Tenía 11 cuando partió la primera vez desde Petare, Caracas, hacia la frontera con el Norte de Santander. Cuenta que iba solo y con su cédula de identidad como documento.

Dice que, con idea de buscar un mejor destino, tomó la ruta hacia la frontera con Colombia; caminaba y pedía cola en camiones de carga. Así llegó al Norte de Santander a trabajar en reciclaje, y retornó a Venezuela a los dos meses.

Cuando tenía 12 años, viajó a Medellín, según narra, a conocer la Hacienda Nápoles y se devolvió. La tercera vez fue en 2021, a los 14 años de edad, con el fin de llegar a Lima, Perú. La cuarta fue en 2022; quería llegar a Ecuador.

 

Camino hacia la frontera

En la ruta que lleva a los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos hacia la frontera con Colombia, se encuentran entre 35 y 90 alcabalas.

En estos centros de seguridad, en el caso de los menores de edad, deben revisar si viajan con sus padres o con un tercero con autorización, y de no ser así, ponerlos bajo las órdenes de los Consejos de Protección del Niño, Niña y Adolescente.

Wilman Rivera, director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Táchira, no cree que todos los traslados se realicen en las líneas de transporte legalmente constituidas y por alcabalas, sino que la mayoría se hacen en carros piratas y por trochas.

Asegura que en los 140 kilómetros de frontera abierta es difícil detectar esos casos, por no haber control en las trochas, pero que desde mediados de mayo están realizando jornadas de revisión.

Por su parte, Andrés afirma que, cuando salió la primera vez, le cobraron entre 10 y 20 dólares para dejarlo pasar solo y sin documentos en dos alcabalas de la Guardia Nacional. Al no tenerlos, y por ir escondido en camiones, lo golpearon.

Hoy, en su cuello, Andrés carga un rosario; comparte que lo toca cada vez que pasa por una alcabala y se encomienda a Dios, para que no lo vean los funcionarios militares.

Grupos armados

El docente de la Universidad Católica del Táchira e investigador de la migración en la frontera colombo-venezolana, Miguel Morphe, ha identificado que grupos armados alimentan sus filas con los niños que llegan a la frontera, aprovechando que pasan días sin comer.

Los obligan a ser mensajeros, raspadores de coca y observadores; además, aprovechan a los que tienen doble nacionalidad para que transiten por ambos territorios y arrastren a otros.

Según un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), después de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, entre el primero de diciembre de 2016 y el 9 de marzo de 2022, han sido reclutados más de 470 menores de edad por parte de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el ELN y otras organizaciones criminales.

Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) las redes de trata captan a víctimas desde el interior de Venezuela y las pasan a través de las trochas, les confiscan documentos y las ubican en casas de Puerto Santander o Cúcuta, donde permanecen custodiadas y sin comunicación.

 

Datos de FundaRedes

La Fundación Redes (Fundaredes), especializada en análisis de hechos de violencia y riesgos en la frontera colombo-venezolana, maneja un registro de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, entre los cuales no descartan la trata ejercida por menores arrastradores, pues tienen un caso confirmado.

Entre 2020 y el primer trimestre de 2022 han sumado 74 desapariciones en seis estados de frontera: Táchira, Falcón, Zulia, Apure, Bolívar y Amazonas. De esa cifra, 21 corresponden al año 2020, 39 al 2021, y 14 a los primeros tres meses de 2022, siendo la frontera del Táchira con el Norte de Santander la de mayor cantidad de casos.

 

 

 

 

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Diario Los Andes / Connectas
Con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ)