Lunes 15 de julio de 2024
Al Dia

Juan Pablo Montiel: "Desafiando la corrupción: la lucha implacable por la transparencia y la justicia en Venezuela"

La reunión fue amena, enriquecedora y productiva. Juan Pablo Montiel, abogado y magíster en Ciencias Penales, interesado en el trascendental…

Juan Pablo Montiel:
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La reunión fue amena, enriquecedora y productiva. Juan Pablo Montiel, abogado y magíster en Ciencias Penales, interesado en el trascendental tema, nos dio sus impresiones sobre el encuentro entre el Estado venezolano y la Corte Penal Internacional.

Desde una sobria oficina, sede del Escritorio Jurídico Law Consulting, nos respondió:

-¿Cómo valora la reunión del pasado 8 de junio, en la que el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan se reunió en Caracas en el Palacio de Miraflores con el presidente Maduro?

-La reunión ha generado un amplio interés y debate en el ámbito internacional, es un acontecimiento significativo que pone de manifiesto la importancia que se le otorga a los asuntos de justicia y derechos humanos a nivel global.

Y desarrolla: “La valoración de esta reunión puede variar según las perspectivas y posturas de cada individuo. Algunos podrían considerarla como un paso positivo hacia la cooperación internacional en la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos humanos, destacando la voluntad de diálogo y apertura por parte del presidente Maduro al recibir al fiscal de la CPI”.

Para el experto “otros podrían expresar preocupación sobre posibles interpretaciones políticas y consecuencias diplomáticas, especialmente considerando el contexto y las acusaciones previas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. La reunión podría generar expectativas en cuanto a la rendición de cuentas y el acceso a la justicia para las víctimas, así como también podría abrir el camino para futuras investigaciones y acciones legales. En última instancia, la valoración de esta reunión dependerá de la perspectiva de cada persona, considerando aspectos como la credibilidad de las instituciones involucradas, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de la justicia como pilares fundamentales para garantizar la paz y la estabilidad tanto a nivel nacional como internacional”.

-¿Considera que es apropiada la apertura de una oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela?

-Es un tema que genera opiniones diversas y requiere un análisis cuidadoso. La CPI es una institución judicial internacional encargada de juzgar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, y su presencia en un país puede tener implicaciones significativas. 

“Si es apropiada o no la apertura de una oficina de la CPI en Venezuela", subraya, "implica evaluar varios factores. En primer lugar, es importante examinar la voluntad y el compromiso del Estado venezolano para cooperar plenamente con la CPI y asegurar que se lleven a cabo investigaciones imparciales y justas. Esto implica garantizar el acceso a la justicia para todas las partes involucradas y el respeto a los derechos fundamentales de las personas”.

En criterio del abogado, “se debe considerar la capacidad de la CPI para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva en Venezuela, lo que implica evaluar el contexto político, social y jurídico del país. La apertura de una oficina de la CPI también puede ser vista como una señal de apoyo a los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad y promover la rendición de cuentas por violaciones graves de los derechos humanos". 

"En última instancia, determinar si es apropiada la apertura de una oficina de la CPI en Venezuela requiere un análisis integral y equilibrado, considerando los principios de justicia, la situación específica del país y el respeto a la soberanía nacional”.

-¿Por qué ha convertido el Estado venezolano la lucha contra la corrupción en uno de sus principales objetivos?

-La corrupción es un fenómeno que afecta negativamente a la sociedad en muchos aspectos, socavando la confianza en las instituciones, debilitando la economía y perjudicando el bienestar de los ciudadanos. En este sentido, el Gobierno venezolano ha reconocido la necesidad de abordar este problema de manera contundente para promover la transparencia, la ética y la eficiencia en la gestión pública.

-¿Cuál es su opinión acerca de las recientes acusaciones de corrupción que involucran a altos funcionarios del Gobierno venezolano?

-Las acusaciones de corrupción que involucran a altos funcionarios del Gobierno venezolano son un tema de gran relevancia y preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Estas acusaciones, si son respaldadas por pruebas y evidencias sólidas, pueden tener implicaciones significativas en términos de rendición de cuentas, transparencia y fortaleza institucional.

Es importante que las acusaciones de corrupción sean investigadas de manera exhaustiva y que se tomen las medidas necesarias para garantizar que se procese a todas aquellas personas que hayan incurrido en actos de corrupción, sea quien sea. Esto contribuirá a fortalecer el estado de derecho y a enviar un mensaje claro de que la corrupción no será tolerada, independientemente de la posición o el rango de los funcionarios involucrados.

-Son de dominio público los primeros resultados obtenidos en la lucha contra la corrupción dentro del Gobierno y el Poder Legislativo. ¿Conoce de algún caso de corrupción en el estado Zulia que esté siendo investigado, que implique a altos funcionarios?

-La lucha contra la corrupción es un proceso continuo y complejo que requiere un compromiso sostenido por parte de las instituciones, la sociedad y los ciudadanos. Es fundamental que las acciones para perseguir a los corruptos sean justas, imparciales y estén respaldadas por el estado de derecho.En la actualidad, tengo conocimiento de varias investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, pero hay un caso bastante preocupante y tiene que ver con la gestión de Francisco Aguilera, expresidente de Carbozulia, donde se suscribieron contratos con empresas irregulares, sin personalidad jurídica, sin garantías para el Estado en caso de incumplimiento, en situaciones desventajosas para el Estado y por el contrario, beneficiosas en exceso para la empresa privada.

-¿Puede darnos más detalles respecto a ese caso?

-No me corresponde hacerlo, ya que eso es competencia del Ministerio Público.

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