En la audiencia de presentación realizada este jueves, 17 de septiembre, el Tribunal del Circuito Judicial Penal del estado Barinas dictó medida cautelar de régimen de presentación cada 20 días para los cinco jóvenes que habían sido arrestados tras manifestar en exigencia de mejoras en los servicios públicos.
A los ciudadanos identificados como José Carrero, Freddy Daniel Pérez Camacho, Denis Díaz, Maikel Pérez y José Coiran se les imputaron formalmente tres delitos:
- Instigación pública
- Resistencia a la autoridad
- Agavillamiento
Rechazo de organizaciones de derechos humanos
La decisión del tribunal generó un inmediato rechazo por parte de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que velan por las garantías ciudadanas en la región llanera.
A través de sus redes sociales, la ONG Derechos Humanos Llanos Venezuela (@FundehullanVzla) y su director, Roland García, condenaron categóricamente la imputación de estos cargos, calificándolos como una criminalización directa a la protesta pacífica.
"Exigir servicios básicos de calidad no es un delito, es un derecho constitucional", enfatizó García, al tiempo que exigió libertad plena para los cinco excarcelados, recordando que manifestarse por una vida digna no debe ser motivo de persecución judicial.
La defensa y los familiares de los jóvenes insisten en que su actuación estuvo enmarcada en el derecho constitucional a la protesta pacífica frente a la crisis por las constantes fallas eléctricas que afectan a la entidad barinesa.
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Noticia al Día/RRSS
