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Noticia al Dia

Cómo los resonadores de motos contaminan a Maracaibo

El aparatoso accidente de tránsito registrado la mañana de este jueves en la avenida La Limpia, frente al Centro Comercial Galerías, no es un evento aislado en la compleja realidad vial que enfrenta Maracaibo. El violento impacto entre un motorizado y una camioneta Jeep Cherokee, que dejó al conductor del vehículo de dos ruedas con pronóstico reservado, encendió nuevamente las alarmas sobre la prudencia en las calles. Sin embargo, mientras las colisiones físicas dejan saldos lamentables a la vista de todos, existe otro choque constante, invisible pero ensordecedor, que afecta diariamente la calidad de vida en la ciudad: la proliferación de los resonadores en las motocicletas.

La moda ensordecedora en las calles marabinas

En los últimos meses, el paisaje sonoro de la capital zuliana ha sufrido una alteración drástica. Lo que comenzó como una tendencia aislada se ha convertido en una regla no escrita para muchos conductores: la sustitución del silenciador de fábrica por un resonador. Este componente del sistema de escape está diseñado para cambiar la calidad del sonido, modificando las frecuencias de salida para lograr un tono más grave, ronco y de apariencia deportiva.

Los datos técnicos revelan la magnitud del problema. Mientras el límite legal estándar y máximo permitido para la mayoría de motocicletas urbanas es de 86 decibelios (dB), un escape modificado o con resonador básico emite entre 95 dB y 105 dB. En los casos más extremos, los escapes libres o de competición alcanzan entre 110 dB y 120 dB, un nivel de presión sonora que equivale al umbral del dolor auditivo humano. Esta alteración, que amplía la salida de los gases para generar un sonido más fuerte, choca frontalmente con la tranquilidad urbana.

Cuando el ruido se convierte en delito ambiental

La emisión de estos rugidos mecánicos no es solo una cuestión de incomodidad vecinal; es, ante la legislación venezolana, un acto de degradación ambiental flagrante. La Ley Orgánica del Ambiente (2006), en su Artículo 80, numeral 9, establece claramente que se consideran actividades capaces de degradar el ambiente todas aquellas "que produzcan ruidos, vibraciones y olores molestos o nocivos".

A esto se suma el Reglamento N° 5 de dicha ley y su actualización técnica en el Decreto N° 2.217 (Normas para el Control de la Contaminación por Ruido). Al instalar un resonador, la motocicleta supera automáticamente el rango permitido. Esto significa que el vehículo en circulación emite un ruido que duplica o triplica la presión sonora autorizada, convirtiéndose en una fuente móvil de contaminación sancionada por la ley. Las emisiones de un escape libre entran de inmediato en la categoría jurídica de "ruidos nocivos", facultando a las autoridades de tránsito a retener preventivamente la motocicleta, imponer multas e incluso exigir el retiro inmediato del dispositivo.

Salud pública y convivencia al límite

El impacto de esta transgresión legal se materializa en los hogares de miles de marabinos. El marco legal clasifica los sectores urbanos y asigna niveles máximos de tolerancia: en zonas residenciales, el máximo permitido de día es de 55 dB, y de noche desciende a 45 dB. Cuando una motocicleta con un escape de 110 dB transita por una urbanización durante la madrugada, supera hasta por 65 decibelios el límite nocturno.

Debido a que la escala de los decibelios es logarítmica, este incremento implica que el sonido se percibe cientos de veces más fuerte de lo que el oído y la ley toleran. La exposición prolongada a ruidos por encima de los 85 dB genera daños graduales a la salud auditiva, además de ser un detonante comprobado de estrés, alteraciones del sueño y ansiedad en la población.

Los hechos están sobre el asfalto. Entre esquinas de alta peligrosidad, como la intersección de la clínica Los Olivos en La Limpia, y el estruendo incesante que cruza las avenidas de Maracaibo, el debate trasciende la simple convivencia. Queda en manos de las autoridades hacer valer las normativas vigentes, y en la conciencia de los ciudadanos comprender que el derecho a transitar no puede ir en detrimento de la salud, la seguridad y el ambiente de toda una ciudad.

Luis Miguel Flores

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