La prolongada batalla legal por la refinería Citgo Petroleum avanza en los tribunales de Estados Unidos. Este miércoles, una corte de apelaciones en Filadelfia escuchó a las partes involucradas en la compleja subasta judicial de la empresa matriz de la filial venezolana.
Durante la audiencia, los defensores respaldaron la decisión de un tribunal federal de Delaware que ordenó vender PDV Holding, matriz de Citgo, por 5.900 millones de dólares a Amber Energy, filial del fondo Elliott Investment Management. La medida busca pagar a acreedores vinculados a impagos de Venezuela tras el litigio iniciado por Crystallex en 2017.
La contraparte, que incluye a Venezuela, diversos acreedores y postores rivales, solicitó anular la orden de venta alegando que el proceso judicial estuvo viciado. Denuncian que se desestimaron ofertas superiores. La transacción aún aguarda la aprobación del Departamento del Tesoro de EE. UU., mientras se acerca abril, fecha límite para que Amber Energy logre sostener su oferta.
Controversia por precio y valoración
El debate central radica en la metodología empleada por el tribunal de Delaware, que combinó el precio con la "certeza de cierre" o probabilidad de ejecución. Mientras postores como la minera Gold Reserve presentaron ofertas económicas mucho más altas, Amber Energy priorizó acuerdos de transacción, incluyendo pactos clave con tenedores de bonos venezolanos en mora.
Katherine Wellington, abogada representante de PDVSA, calificó el precio de venta de "escandaloso", indicando que los 5.900 millones de dólares son 7.000 millones inferiores a la valoración de la firma asesora del tribunal, Evercore, y 12.000 millones menores al cálculo de Venezuela. Además, la rentabilidad de Citgo ha crecido sustancialmente, proyectando ganancias cercanas a los 5.800 millones de dólares para 2026 debido a sólidos márgenes de refinación.
Denuncias de conflicto de intereses
El desarrollo del proceso también enfrenta serios cuestionamientos éticos. Venezuela y varios acreedores denunciaron que el bufete contratado para asesorar la subasta mantenía vínculos laborales directos con unidades de Elliott durante la licitación, lo que habría viciado el concurso. Los intentos previos de las partes para descalificar al juez Leonard Stark y al supervisor de la subasta, Robert Pincus, fueron rechazados el año pasado.
En su cierre, la defensa de PDVSA reiteró ante los magistrados que concretar esta subasta "perjudica fundamentalmente al pueblo venezolano en un momento en que están reconstruyendo su economía". Se espera que el tribunal de apelaciones emita un fallo definitivo tras esta etapa de audiencias.
Luis Miguel Flores
Noticia al día/Reuters
