A un año de la masacre en La Vega habitantes recuerdan ese día con mucho miedo

A un año de la masacre en La Vega habitantes recuerdan ese día con mucho miedo

masacre La Vega

Foto: Cortesía

El 8 de enero de 2021, amaneció a tiros en el sector El Carmen, parroquia La Vega, en Caracas. Los vecinos, acostumbrados al sonido de las detonaciones, no se alarmaron, pero un año después recuerdan a esa madrugada con mucho miedo. Pareciera que tuvieran tatuado en la mirada lo que ocurrió durante la Masacre en La Vega.

Ese día quienes empezaron a salir de sus casas aproximadamente a las 5:00 de la mañana para ir a trabajar no se les permitió circular. Un policía le ordenó a un grupo de personas que bajaban juntas para protegerse de la inseguridad, que no podían salir.

El funcionario les pidió la cédula a los hombres y se les retuvo por unos minutos. Tres mujeres que iban en el grupo pudieron regresar a sus casas sin problemas. Este procedimiento se repitió en varios callejones del barrio.

En sectores como la Calle Zulia, Calle 22 de Los Cangilones, Los Mangos, Independencia, Las Margaritas poco a poco se fueron llenando de policías y militares que empezaron a actuar de forma más agresiva.

Todo era muy confuso. Esa mañana en La Vega se desplegó un operativo que dirigió la Policía Nacional Bolivariana y sus cuerpos élites Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), Unidad de Operaciones Tácticas Especiales (UOTE), así como integrantes de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP), funcionarios en menor número de la Guardia Nacional Bolivariana y su cuerpo élite Comando Nacional Antisecuestro (Conas) y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) cubrieron todas las salidas más conocidas del barrio, tanto las que dan hacia la carretera panamericana como hacia la Redoma de la India y otras salidas menos directas.

Este despliegue se extendió durante dos días dejando como saldo 23 personas fallecidas según el conteo realizado por periodistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos como el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

Violencia y amedrentamiento a las protestas

Lupa por la Vida conversó con el S. J. y párroco de La Vega, Alfredo Infante, sobre estos hechos y destacó que antes de que sucediera el operativo ya había un caldo de cultivo para la violencia.

Indicó que en el último trimestre de 2020 toda la parte baja de La Vega estaba siendo tomada por las bandas criminales.

“La banda ‘El Koki’ poco a poco fue metiéndose con distintas estrategias para expandir su territorio. Más o menos desde octubre hasta diciembre de 2020 la Navidad y fin de año en esa zona fueron movidas. La gente estaba muy nerviosa porque las bandas estaban ocupando el territorio; ya se habían dado algunos sucesos de amedrentamiento, de desalojo, especialmente de familiares de policías que salieron del lugar bajo amenaza”, aseguró Infante.

Agregó que había un escenario “bastante difícil” en el Barrio El Carmen y Calle Zulia.

A esto se le suma una crisis “muy fuerte” de los servicios públicos en el segundo semestre de 2020 donde se dieron protestas para denunciar las fallas en el despacho de las bombonas de gas, falta de agua potable y la acumulación de basura en las calles.

Estos dos escenarios de alguna manera van a ser tomados como justificativos para realizar el despliegue policial que originó la Masacre en La Vega, el cual entiende Infante es una respuesta ante la expansión de las bandas armadas, aunque también considera que fue un amedrentamiento a las protestas sociales.

De hecho, el 24 de marzo de 2020 cerca de la 1:00 de la tarde funcionarios de Policaracas detuvieron al defensor de derechos humanos y líder vecinal en La Vega, Jairo Pérez por presuntamente “incitar” a protestar en su parroquia por fallas en el servicio de agua potable.

“En esa ocasión le dieron la señal de que lo están investigando por incitar a la violencia”, refirió el Padre Alfredo Infante.

Posteriormente a las 6:21 de la tarde de ese mismo día la organización Provea informó sobre la liberación de Pérez.

La segunda vez que detuvieron a este líder social fue el 14 de julio de 2021 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), seis meses después de la Masacre en La Vega y 7 días luego del denominado “Operativo Gran Cacique Indio Guaicaipuro” en la Cota 905, el cual afectó a 7 parroquias de Caracas y dejó, según la ex ministra de Interior y actual alcaldesa del Distrito Capital, Carmen Meléndez: 4 policías, 22 civiles fallecidos y 28 heridos. Sin embargo, el portal web Runrunes contabilizó 33 muertos.

El 24 de julio Jairo Pérez fue excarcelado bajo régimen de presentación y que a juicio de Infante este caso se puede tomar para explicar cómo desde el Poder se intenta dañar la imagen pública de un líder social, “haciendo una vinculación inexistente entre todo lo que tiene que ver con la violencia en las bandas y las protestas sociales”.

Crueldad

Los testimonios recogidos por Provea a familiares de las víctimas y vecinos de la zona señalan que hubo mucha crueldad por parte de los funcionarios, ya que una de las maneras para asesinar a las personas era dentro de las casas en presencia de sus familiares.

Es el caso de los hermanos Ángel Jesús Palma Martínez de 27 años de edad y Guivani Daboin Palma Martínez de 32 años de edad, quienes fueron asesinados en presencia de uno de sus hermanos, un tío y otros familiares que se encontraban en ese momento en la vivienda.

Era alrededor de las 11:00 de la noche del 8 de enero de 2021. A l ingresar a la casa se encontraban tres hermanos y un tío, así como dos personas más. Los cuatro hombres fueron sentados en un mueble. Ahí sentados, la policía los fotografió. Todos con vida en ese momento.

Se les separó del grupo familiar. Los funcionarios le dispararon a Ángel en la pierna primero y no dejan que sus familiares lo atiendan a pesar de que pedía ayuda. Luego le dan un tiro a la altura del tórax. Sin embargo, su muerte no es instantánea. Suplicaba ayuda y los funcionarios no le prestaron auxilio ni permitieron que su tío y hermanos lo atendieran. A Guivani le disparan en otro lugar de la casa. Le dan dos tiros. Uno en la frente y otro en el tórax. El acta de defunción no deja señalado el tiro recibido en la frente.

Obligados a una larga agonía puesto que se les disparó y la muerte no fue instantánea. No se permitió a sus hermanos dar algún tipo de auxilio.

Los funcionarios permanecieron por varias horas en la vivienda hasta que sacaron los cuerpos, procedieron a limpiar los rastros de sangre y recoger los casquillos. La familia identificó a uno de los funcionarios que participó en el asesinato como un policía que no era joven y tenía un defecto en una de las piernas a la hora de caminar.

La parte baja de La Vega fue una de las más afectadas, hubo mucho fuego cruzado entre las bandas y cuerpos de seguridad, el tema, de acuerdo con el Padre Infante, es que quienes murieron no estaban vinculados directamente con las bandas o la policía.

“Quienes murieron no estaban vinculados directamente con las bandas o la policía, murieron civiles y el patrón descrito por los familiares de las víctimas es el típico patrón de ejecución extrajudicial: entran a la casa, sacan al muchacho, independientemente de su condición y lo asesinan”, afirmó Infante.

Considera que en este procedimiento se aprovechó para hacer “limpieza”, entonces jóvenes que a lo mejor tenían antecedentes y adolescentes corrientes, hijos de familias del barrio que no estaban involucrados en la violencia, fueron ejecutados, solo eran eso: muchachos que vivían en el barrio.

“Inocentes pagaron los platos rotos”

Por otro lado, el Comité por los Derechos Humanos del Pueblo (La Vega), organización que se considera chavista, emitió un comunicado el 18 de octubre de 2021 cuyo título es “No más criminalización de la pobreza en La Vega” donde califica de “legítimos” los operativos policiales realizados en las barriadas caraqueñas, no obstante, mencionan que en estos despliegues de seguridad ocurrieron con “graves violaciones a los derechos humanos” y en contra de personas que no tienen ningún tipo de vinculación con el accionar de las bandas.

El Comité por los Derechos del Pueblo (La Vega) documentó 23 casos de violación a los derechos humanos en estos operativos. Indicó que 19 de ellos corresponden a detenciones arbitrarias y 4 a ejecuciones extrajudiciales.

“En el marco de estos procedimientos, la policía propinó malos tratos y uso excesivo de la fuerza, simuló los hechos punibles a través de la siembra de evidencias, y practicó allanamientos ilegales, robos y destrucción en algunas de nuestras viviendas”, se lee en el documento.

Asimismo, se asegura que la actuación de la policía en la parroquia La Vega, la cual se presentó ante la opinión pública como un “éxito del Estado frente al legítimo combate de las bandas”, se dirigió en buena medida hacia jóvenes o personas inocentes, que responden a alguna o algunas de las siguientes características:

  • Tener antecedentes penales previos por causas no relacionados con estos hechos.
  • Ser familiar de alguien vinculado a la banda con quienes no se tiene ninguna relación.
  • Ser vecinas o vecinos del territorio del accionar de la banda.
  • Haber respondido retadoramente a funcionarios policiales durante los días en que se realizaron esos operativos.
  • Estar transitando en el momento y lugar en que ocurrieron los mismos.

“Mientras varios de los verdaderos integrantes de las bandas siguen sueltos, personas inocentes pagaron los platos rotos, ya sea porque fueron injustamente detenidas o porque están muertas como consecuencia de una acción arbitraria de los cuerpos de seguridad. Nos alarma que, con ocasión de estos hechos, funcionarios policiales han reconocido que actuaron bajo cuotas de detenciones que debían cumplir. La experiencia de las cuotas policiales, en Venezuela y otros países, ha dejado históricamente resultados contrarios a los derechos humanos”, refiere el comunicado.

Silencio

Un año después de la Masacre en La Vega solo hay una publicación oficial sobre este hecho. La realizó el director de las FAES, José Miguel Domínguez, quien al final de la tarde del 8 de enero de 2021 reportó a través de Twitter que hasta ese momento 17 personas habían fallecido durante el operativo.

No hubo un pronunciamiento ni por parte de la ex ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez; ni del fiscal designado por la disuelta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, ni el defensor del pueblo, Alfredo Ruíz por la Masacre en La Vega.

Marino Alvarado, coordinador de investigación en Provea, dijo a Lupa por la Vida que el “silencio oficial” tiene una explicación “es que es tan evidente que fue una masacre en la que se detuvieron y asesinaron, que las personas no murieron en enfrentamientos, que no tienen cómo explicar la cantidad de personas asesinadas”.

 

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Con información Radio Fe y Alegría