Los acontecimientos políticos más impactantes del 2021 en Venezuela

Los acontecimientos políticos más impactantes del 2021 en Venezuela

Los acontecimientos políticos más impactantes del 2021 en Venezuela. Diseño: Oriana Reyes

Varios acontecimientos marcaron la historia de Venezuela durante este año 2021, sea por su relevancia, importancia o proximidad política, desde las elecciones históricas con observación internacional celebradas el 21 de noviembre, la victoria de Manuel Rosales como gobernador electo en el Zulia durante esos comicios, y una investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos en el país por parte de la Corte Penal Internacional (CPI). Este 2021 será un año para recordar.

A continuación, un resumen de los hechos políticos más impactantes durante este año:

 

Elecciones del 21 de noviembre

 

Foto: Cortesía

El domingo 21 de noviembre de este 2021, se realizaron en Venezuela las «históricas» elecciones regionales y municipales, las cuales contaron con la participación de los partidos de la oposición venezolana luego de tres años de abstención, como también con la presencia de observadores internacionales, quienes supervisaron la jornada electoral.

En estos comicios el oficialismo ganó el municipio Libertador y 19 de las 23 gobernaciones del país, mientras que el sector opositor se hizo con las tres restantes, incluyendo la victoria de Manuel Rosales en el estado Zulia.

 

 

Solo en un estado aún falta por conocer al vencedor, y es que en Barinas el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó al Consejo Nacional Electoral, (CNE), a repetir el próximo 9 de enero las elecciones para determinar quién será el gobernador de la entidad, luego de que, después de reconocer que el candidato opositor Freddy Superlano fue el ganador. La Sala Electoral del TSJ subrayó «la condición de inelegibilidad» de Superlano, alegando que fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público en agosto, debido a presuntas acusaciones de corrupción.

Para estas elecciones fueron convocados a votar más de 21 millones de venezolanos, quienes  revalidaron y/o renovaron el mandato de los 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores regionales y 2.471 concejales municipales; 3.082 cargos en total para los que se postulan 70.244 personas.

Estos comicios llegaron después del proceso de diálogo entablado por el Gobierno venezolano y la oposición en México, con mediación del Gobierno de Noruega, en el cual se discutió sobre el porvenir del país de una forma «más organizada» que en los últimos años. Una muestra de ello es la participación mayoritaria de la oposición en estos comicios.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) seleccionó a sus candidatos para estos comicios a través de un proceso de elecciones primarias celebrado el pasado 8 de agosto.

Según datos ofrecidos por la comisión electoral del PSUV, más de cien mil precandidatos fueron postulados por las «bases» y organizaciones del partido.

 

https://twitter.com/VTVcanal8/status/1427401841034268672

 

Para estos comicios, el poder electoral rehabilitó en junio pasado la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) bautizada popularmente como «La Manito» de la oposición. Los detractores del gobierno venezolano alcanzaron con ella su mayor triunfo electoral en el año 2015, cuando ganaron las elecciones para la Asamblea Nacional.

 

 

Estas elecciones contaron con una Misión de Observación de la Unión Europea (UE), que volvió al país después de 15 años, así como el Centro Carter, fundado por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, que regresó a Venezuela tras ocho años de ausencia.

 

https://twitter.com/UEenVenezuela/status/1443290383044288514

 

Los integrantes de la Misión de Observación de la UE, después de supervisar las elecciones, abandonaron el país el domingo 5 de diciembre, luego de unos incidentes con el gobierno venezolano, quienes presuntamente no quisieron extender el permiso de estadía de la delegación observadora. Al respecto, el presidente Nicolás Maduro calificó de “espías” a la misión de la Unión Europea.

No obstante, el 23 de noviembre la delegación emitió una declaración preliminar de resultados sobre los comicios. El informe preliminar corroboró que las elecciones estuvieron marcadas por «el uso extendido de recursos del Estado»; y hubo «entrega de bienes como paquetes de alimentos, bombonas de gas o bombas de agua», lo que afectó «la igualdad de condiciones». Así como también denunciaron ciertas “irregularidades” durante el proceso.

 

 

Finalmente, subrayaron la Misión Electoral regresará al país a inicios del próximo año, a finales de enero o inicios de febrero para presentar su informe final y sus recomendaciones; de acuerdo también a su metodología de trabajo y a lo acordado con el gobierno venezolano.

 

 

 

Manuel Rosales electo Gobernador del Zulia

 

Foto: NAD

En estas “históricas” elecciones, Manuel Rosales fue electo como el Gobernador del Estado Zulia, en total contó con 505.059 votos, lo que equivale a un porcentaje del 56.90%, venciendo a Omar Prieto, quien contabilizó un total de 319.864 votos, que representa un 36.03%. 

En este sentido, de acuerdo a los resultados arrojados por la página del CNE, el otro candidato de la MUD para la alcaldía del municipio Maracaibo, Rafael Ramírez, capitalizó 197.286 votos, un total de 51.50%, lo cual lo convirtió en el nuevo Alcalde. Por su parte, el otro candidato de la MUD, Gustavo Fernández, fue electo como el nuevo Alcalde del municipio San Francisco del estado Zulia con el 54.31% de los votos.

 

 

Rosales  fue juramentado como el gobernador electo del Zulia y tomó posesión de su cargo el viernes 10 de diciembre, ante el pueblo zuliano y el nuevo Consejo Legislativo de la región.

Esta ceremonia tuvo lugar en la Plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en el casco histórico de Maracaibo. Ahí, frente a la multitud de habitantes de la región, Rosales juró cumplir con la Constitución de Venezuela, la Constitución del Zulia y las leyes inherentes a su cargo.

 

 

Anteriormente, el gobernador Manuel Rosales sostuvo un encuentro con el presidente Nicolás Maduro, el donde el mandatario expresó su disposición de trabajar unidos por el bienestar del pueblo zuliano.

A través de su cuenta de Twitter, Maduro manifestó que tras la reunión con Rosales, desde el Ejecutivo nacional están yendo hacia una nueva etapa de diálogo y entendimiento.

 

 

Tras ejercer su cargo como Gobernador, Rosales, anunció su gabinete ejecutivo que lo acompañará en este nuevo periodo de cuatro años, en donde designó a José Luis Alcalá como el nuevo Secretario de Gobierno.

 

 

El gobernador Rosales ha sostenido varios encuentros con los gremios empresariales de la región en busca de mejorar las condiciones sociales y económicas del estado, también ha recorrido diferentes sectores de la región realzando jornadas de atención social en donde ha hecho entrega de toneladas de alimentos para el bienestar del pueblo zuliano.

 

 

Este es el tercer mandato de Manuel Rosales en la Gobernación del Zulia. En el año 2000 fue electo gobernador, cargo que ocupó durante dos periodos hasta el 2008. También fue dos veces alcalde de Maracaibo desde 1995 hasta el 2000 y luego en 2008; diputado del CLEZ, desde 1983 hasta 1995 y concejal de Colón, desde 1979 hasta 1982. 

 

 

Disputa en Barinas

 

Foto: Cortesía

Las elecciones para gobernador en Barinas, estado natal del fallecido expresidente Hugo Chávez y única región sin resultados en las elecciones del 21 de noviembre en Venezuela, se repetirán el próximo 9 de enero sin el principal candidato opositor Freddy Supernalo.

La Sala Electoral del TSJ ordenó al CNE convocar para el día 9 de enero de 2022 las elecciones de Gobernador del estado Barinas, según una sentencia del máximo tribunal del país.

 

 

El candidato opositor Freddy Superlano reclamaba el triunfo en esta región. Competía contra Argenis Chávez, hermano del exmandatario Chávez y aspirante a la reelección por el PSUV.

El TSJ reconoció que las «proyecciones consignadas por el CNE» dieron a Superlano el 37,60% de los votos emitidos y a Argenis Chávez 37,21%, pero destacaron una condición de inelegibilidad del opositor, alegando que fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público en agosto.

El tribunal había ordenado al CNE «la inmediata suspensión de los procedimientos y/o procesos vinculados a la totalización de votos, adjudicación y proclamación» del gobernador de Barinas. Las autoridades electorales confirmaron poco después la paralización del conteo de las actas que estaban pendientes en Barinas al «acatar la medida cautelar» dictada por el TSJ.

Ante esto, Superlano anunció que su esposa, Aurora Silva de Superlano, era la nueva aspirante a la gobernación de Barinas, mientras que el dirigente Julio César Reyes era la segunda opción, sin embargo, posteriormente Superlano confirmó la inhabilitación política de estos dos, anunciando finalmente que el candidato definitivo por la MUD sería Sergio Garrido.

 

https://twitter.com/polianalitica/status/1468054204593889288?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1468054204593889288%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnoticialdia.com%2Fwp-admin%2Fpost.php%3Fpost%3D1844481action%3Dedit

 

En este sentido, tras conocer que Argenis Chávez había renunciado a la gobernación de Barinas, el presidente Maduro anunció que Jorge Arreaza sería el nuevo candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela para las próximas elecciones del 9 de enero en Barinas.

 

 

Recientemente, el CNE dio inicio a la campaña electoral para los comicios en Barinas, en donde explicó que durante 16 días los candidatos y las distintas Organizaciones con Fines Políticos, desarrollarán actividades de carácter público con el propósito de captar la voluntad del electorado,

El Consejo Nacional Electoral admitió un total de 30 postulaciones para el cargo de Gobernador del estado Barinas en las elecciones que se celebrarán el 9 de enero de 2022.

 

 

 

Diálogo entre el Gobierno y la oposición

 

Foto: Agencias

En el mes de mayo de este año,  tras la convocatoria de las elecciones regionales y municipales, el líder opositor, Juan Guaidó, en conjunto con sus aliados, presentó el denominado “Acuerdo de Salvación Nacional” y puso sobre la mesa una posible negociación con el gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre un cronograma de elecciones presidenciales “libres y justas”, las cuales deben contar con observación internacional, esto a cambio de un levantamiento de las sanciones internacionales impuestas al Ejecutivo nacional. Posteriormente, Guaidó indicó que una potencial sede para llevar a cabo dicho encuentro podría ser el país de México.

Finalmente, en agosto representantes del gobierno de Maduro y de la oposición iniciaron la nueva ronda de diálogo en México con mediación del Reino de Noruega, en donde firmaron un «memorándum de entendimiento» entre las dos partes. La administración del presidente Maduro contó con representantes de Rusia como asesores, mientras que la oposición contó con una delegación de los Países Bajos.

 

Foto: AP

Foto: AP

Posteriormente, surgió una disputa entre las delegaciones a raíz de que la delegación del gobierno nacional solicitara expulsar a Carlos Vecchio, representante de la oposición, de la mesa de diálogo. Ante esto, los representantes de Guaidó rechazaron apartarlo del encuentro, sin embargo, tiempo después Vecchio fue sustituido por el dirigente Freddy Guevara.

Posteriormente, fueron retomadas las sesiones entre el gobierno y la oposición venezolana, en la que después de tres encuentros, se debatieron diferentes puntos estratégicos, en los cuales llegaron a acuerdos parciales para la protección del Esequibo, zona en disputa con Guyana, también acordaron sobre nuevos esquemas para garantizar la protección social de la población venezolana y, por último, las garantías electorales junto con la observación internacional en los comicios que fueron celebrados el 21 de noviembre.

 

 

En este sentido, el presidente del Parlamento venezolano y jefe de la delegación oficialista en la mesa de diálogo, Jorge Rodríguez, declaró que el empresario colombiano, Álex Saab, quien estaba detenido en Cabo Verde, se incorporaría a las negociaciones en México. Ante esto, la Plataforma Unitaria publicó un comunicado como respuesta a la declaración, expresando que el anuncio de la solicitud de incorporación realizada corresponde a una estrategia de defensa del gobierno ante el proceso judicial entre dos países con separación de poderes y democracia, cuyos órganos jurisdiccionales siguen un proceso de extradición, en este caso la de Saab.

La oposición también solicitó la facilitación del Reino de Noruega, para garantizar el cumplimiento por parte de la delegación del gobierno de Maduro de las normas de reserva acordadas que rigen el proceso, sosteniendo que convertir este proceso en un debate de medios le hace mucho daño a la negociación.​

 

 

Posteriormente, la delegación de Maduro acusó al sector opositor de querer romper los acuerdos relacionados con el levantamiento de sanciones. Sin embargo entre el 24 y el 27 de septiembre se inicia con retraso otra ronda de acuerdos en México, ante la negativa de la presencia de Saab, quien seguía preso en Cabo Verde.

En vísperas de la cuarta ronda de acuerdos de diálogo, Jorge Rodríguez suspendió la reunión que se llevaría a cabo el día 17 de octubre en protesta por la extradición y traslado de Saab  a Estados Unidos.​ En noviembre el presidente Nicolás Maduro manifestó que no existen condiciones para retornar al diálogo mientras no se resuelva la situación de Saab. Ante esto, la Plataforma Unitaria se reunió con el Departamento de Estado de Estados Unidos haciendo un llamado al gobierno para que reanude el diálogo.

 

 

 

Caso Álex Saab

 

Foto: Cortesía

De contratista de viviendas sociales en Venezuela, el colombiano Álex Saab pasó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que le dio la nacionalidad, un título de embajador y luchó, sin éxito, para evitar su extradición a Estados Unidos.

 

 

Cabo Verde, donde Saab estuvo detenido desde junio de 2020, lo entregó a las autoridades estadounidenses para encarar en Miami un juicio por presunto lavado de dinero a través de los programas de alimentación del gobierno venezolano, los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

 

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

 

De acuerdo con la denuncia, Saab, de 49 años, y su socio Álvaro Pulido, cuyo paradero se desconoce, habrían transferido 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban.

La oposición lo señala de ser «testaferro» de Maduro y su familia, mientras han sido estampados mensajes pidiendo «Libertad para Saab» o «#FreeAlexSaab» en muros a lo largo de Caracas.

 

Foto: Agencias

Foto: Agencias

 

En relación a la extradición, el gobierno suspendió su participación en el proceso de negociación con la oposición en México, en el que intentó incluir a Saab como uno de sus delegados. 

El gobierno además emitió, apenas se conoció la noticia de su extradición, un comunicado denunciando el «secuestro» de su «embajador» por parte de Estados Unidos. Antes de quedar detenidos, no era público que Saab recibiera la nacionalidad venezolana y que tuviera un título diplomático.

 

 

El empresario colombiano compareció por primera vez ante un juez estadounidense en Miami, que le notificó su imputación por blanqueo de dinero, tras su extradición.

 

 

«Está aquí en su comparecencia inicial por una acusación que le imputa un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales y siete cargos de blanqueo de instrumentos monetarios», declaró el juez John J. O’Sullivan, de la corte federal del distrito sureste de Florida, durante una audiencia celebrada por videoconferencia.  

Posteriormente, el juicio de Saab, fue aplazado del 3 de enero a una fecha aún por determinar, durante otra breve audiencia celebrada en Miami. Robert Scola, juez del caso, tomó esa decisión tras acuerdo con la defensa de Saab y los fiscales, al considerar que la fecha del 3 de enero no ofrecía un plazo «realista» para desarrollar la instancia, según documentos judiciales. 

La nueva fecha del proceso se decidirá durante una audiencia prevista para el 7 de enero.

En este sentido, un juez de Estados Unidos desestimó siete de los ocho cargos de lavado de dinero imputados a  Saab debido a «garantías» dadas a Cabo Verde durante el proceso de extradición del acusado. 

La justicia estadounidense deja de imputarle siete cargos de blanqueo de capitales y sólo conserva uno en su contra, el de conspiración para lavar dinero, que se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel.  

 

 

El juez Robert Scola, del Distrito Sur de Florida, firmó la orden a petición de la Fiscalía. El 7 de septiembre de 2020, durante el proceso de extradición, Estados Unidos había dado «garantías» a Cabo Verde de que «no iba a enjuiciar o a castigar el acusado Alex Nain Saab por más de un cargo de la imputación», explicó la Fiscalía en su moción enviada al juez. 

 

 

Esa decisión se tomó para «cumplir con una ley de Cabo Verde relacionada con el plazo máximo de encarcelamiento», precisó. 

Hijo de un empresario libanés, asentado en Barranquilla, Saab comenzó como vendedor de llaveros promocionales antes de incursionar en el sector textil, con 100 almacenes que exportaban a más de 10 países, según biografías oficiales.

El primer contrato que firmó en Venezuela lo hizo en 2011 en el palacio presidencial de Miraflores. Entonces, Maduro era canciller y el presidente, Hugo Chávez. Un Saab joven sube a la tarima y firma una «alianza estratégica» para «la constitución e instalación de kits para la construcción de viviendas prefabricadas». En el acto estaba presente igualmente el entonces mandatario colombiano Juan Manuel Santos.

 

 

 

Investigación de la Corte Penal Internacional a Venezuela

 

Foto: Prensa Presidencial

La Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación formal contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante la represión de manifestaciones antigubernamentales en el año 2017, según un memorando firmado por el fiscal de ese organismo, Karim Khan, y el presidente Nicolás Maduro.

Khan «ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela» y «ha determinado que procede abrir una investigación», apunta el documento, en el que la CPI y el gobierno del presidente Maduro acuerdan que el país «adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia», con «el apoyo y el compromiso activo» de la CPI.

Pactaron igualmente «establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes», según el texto leído en un encuentro entre Khan y Maduro en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

 

 

La CPI, con sede en La Haya, Países Bajos, abrió un examen preliminar en 2018 por la acción de efectivos de seguridad en protestas que dejaron un centenar de muertos un año antes, caso que ahora pasa a la próxima fase. «Les pido a todos, a medida que entramos en esta nueva etapa, que den a mi oficina el espacio para hacer su trabajo», comentó Khan.

Por su parte, Maduro indicó que «respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos».

 

 

Khan saludó el «diálogo constructivo» en reuniones con Maduro, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, el fiscal general, Tarek William Saab, y representantes de la Corte Suprema.

«Estoy plenamente consciente de las fallas que existen en Venezuela, la división política que existe. No somos políticos, nos guiamos por el principio de legalidad y el Estado de derecho», insistió el funcionario de la CPI.

 

 

La antecesora de Khan, Fatou Bensouda, dijo que existía «base razonable» para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad y habló de una «inacción» de las autoridades venezolanas.

La justicia venezolana ha imputado a unos 150 efectivos policiales y militares por violaciones de derechos humanos desde 2017, según el Ministerio Público. La oposición considera que estas acciones se tomaron únicamente evitar el proceso judicial internacional. 

Khan, quien tiene previsto volver a Venezuela en una fecha por definir, dijo haberse reunido con «organizaciones nacionales e internacionales» antes y durante su visita.

Sin embargo, familiares de víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos pidieron en pequeñas protestas callejeras ser «escuchadas».

 

 

La agenda de Khan no contempló tampoco una reunión con el líder opositor Juan Guaidó. Al respecto, el líder opositor celebró la investigación: «Reivindica el derecho de obtener justicia que ha sido denegada en Venezuela para las víctimas y sus familiares».

«Ratificamos nuestra lucha por la justicia», añadió en Twitter, mostrándose dispuesto a «colaborar con todas las investigaciones que contribuyan a la determinación de la verdad y al establecimiento de responsabilidades penales».

 

 

El memorando suscrito por Khan y Maduro aclara que aún «no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo» y que será la investigación la que determinará «si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona».

La CPI tiene otro caso de Venezuela en etapa preliminar, interpuesto por el gobierno de Maduro, que en febrero 2020 pidió investigar como crímenes de lesa humanidad las sanciones de Estados Unidos contra el país. La institución aún debe decidir si abre un examen preliminar.

Posteriormente, el fiscal Khan, dijo que su investigación en Venezuela «no está en el negocio de un cambio de Gobierno». La Fiscalía de la CPI «solamente trata de abordar la impunidad e investigar de forma independiente», añadió Khan durante la Asamblea de Estados Partes de la CPI, la cual se celebra anualmente.

“Sobre la base de la complementariedad, espero un diálogo constructivo y sostenido con Venezuela para abordar la impunidad en los procesos nacionales” dijo Khan.

“La CPI es una corte de último recurso, es decir, no intervendría si la Justicia venezolana demuestra que las indagaciones sobre los presuntos crímenes cometidos por sus fuerzas de seguridad son fehacientes”, agregó.

Respecto a las posibles consecuencias de la investigación abierta, el fiscal jefe advirtió de que «no hay objetivos predeterminados, no puede haberlos» y «tampoco resultados preconcebidos».

«El trabajo de mi oficina es seguir la evidencia, ver cuál es la realidad, ver si se han cometido crímenes bajo el Estatuto de Roma (la carta fundacional de la CPI). Y si se han cometido crímenes, ver si las pruebas revelan quién es el responsable», añadió Khan.

 

Foto: Agencias

 

En un encuentro con medios internacionales,  Khan indicó que su investigación «no puede verse como una herramienta de otras agendas» y que «seguirá criterios objetivos».

Khan que si sus pesquisas no se guiaran por criterios objetivos se rompería «una confianza importante que se necesita en cualquier abogado, que es tener las manos limpias».

El fiscal de la CPI indicó que su equipo de trabajo no debe valorar «qué tipo de Gobierno debe establecer un Estado» porque «los países son países y ellos tienen el derecho de elegir su modelo de Gobierno».

Reconoció que «puede haber una serie de razones para que la gente quiera un cambio» en el Ejecutivo venezolano, pero que su trabajo debe centrarse en que las evidencias recolectadas «sean sólidas y no estén contaminadas o construidas por agendas particulares».

 

 

Lea también:  Diócesis de Barinas pide al CNE «respetar» las elecciones del 9-E

 

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

 

Diego Morales

Noticia al Día

Con información de AFP, EFE, El Nacional y VTV