Perú deja sin efecto nombramiento de su nuevo embajador en Venezuela

Perú deja sin efecto el nombramiento de su nuevo embajador en Venezuela

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Perú deja sin efecto el nombramiento de su nuevo embajador en Venezuela. Foto: Agencia

El Gobierno de Perú dejó este viernes sin efecto el nombramiento de Richard Rojas García como su nuevo embajador en Venezuela, después de que una resolución judicial ordenó que se impida su salida del país durante seis meses.

La Cancillería informó, en un comunicado, que la decisión judicial interrumpió el proceso de ratificación de Rojas, que aún no contaba con la aprobación del Consejo de Ministros, a pesar de que ya había recibido el beneplácito del régimen de Nicolás Maduro.

«Por circunstancias que son de público conocimiento, el proceso se interrumpió antes de someter la propuesta al Consejo de Ministros», señaló la nota oficial.

Un tribunal peruano dictó este miércoles el impedimento de salida del país contra Rojas, quien es investigado en un caso de presunto lavado de activos vinculado con el partido Perú Libre, que llevó al poder al presidente Pedro Castillo, y del que es dirigente nacional.

REGRESO DE EMBAJADORES

Su designación había sido anunciada por el Ejecutivo peruano este 15 de octubre, que también informó que había aceptado a Alexander Yánez Deleuze como nuevo embajador de Venezuela en Lima.

De esa manera ambos países decidieron poner fin a más de cuatro años sin embajadores, ya que Perú retiró a su representante en Caracas en marzo de 2017 y expulsó al venezolano en agosto de ese año, durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

El régimen de Kuczynski solo mantuvo las relaciones a nivel consular y promovió las acciones del Grupo de Lima, mientras apoyó el ingreso de migrantes venezolanos a su país, que actualmente acoge a más de 1,2 millones de ellos.

LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA

En su comunicado de este viernes, la Cancillería peruana aseguró que realiza su gestión «en el marco de la legalidad y la transparencia» y que Rojas fue propuesto por Castillo «en ejercicio de la facultad constitucional» que le asiste como presidente.

Agregó que tras pedir «el beneplácito correspondiente», Venezuela lo otorgó «en forma inmediata», pero tras la decisión judicial el proceso fue interrumpido y no se produjo su nombramiento.

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«En ese sentido, el Perú está procediendo a informar al Gobierno de Venezuela que la propuesta de nombramiento del señor Richard Rojas García queda sin efecto», remarcó.

La nota indicó que el canciller Oscar Maúrtua ha solicitado informar sobre esta situación a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

INVESTIGACIÓN FISCAL

Este miércoles, el juez peruano John Pillaca, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundado «en parte» un requerimiento de la Fiscalía para que imponga a Rojas 12 meses de impedimento de salida del país.

El juez ordenó seis meses de impedimento de salida del país y que se informe de inmediato, «bajo responsabilidad», a las autoridades que correspondan, «a fin de dar cumplimiento a lo ordenado».

El fiscal Richard David Rojas argumentó en que esta medida era necesaria para concluir y evitar obstruir las pesquisas que sigue contra miembros de Perú Libre por la presunta financiación ilegal de su campaña electoral, y recordó que el delito que se imputa prevé una pena de entre 10 y 20 años de cárcel.

En ese sentido, el Fiscal aseguró que el nombramiento de Rojas tenía como objetivo «sustraerlo de la justicia».

FINANCIACIÓN ILEGAL

Al político, que fue designado embajador en Caracas luego de que fuera rechazado con un silencio diplomático como representante del país en Panamá, se le atribuye haber colaborado en la ejecución de transferencias y ocultamiento de la presunta financiación ilegal de la última campaña electoral de Perú Libre.

Por eso, la Fiscalía lo incluyó en septiembre pasado en la investigación por el caso denominado «Los Dinámicos del Centro», en el que están involucrados dirigentes y militantes de su partido por presuntamente haber organizado una red de cobro de sobornos a cambio de otorgar licencias para conducir en la céntrica región de Junín.

Durante la audiencia de este miércoles, Rojas consideró que el pedido fiscal era «excesivo e innecesario» y que «perjudica» sus derechos, «tanto laborales como de persona».

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AFP