La Guyana Esequiba: ¿Cuál es el verdadero alcance del primer acuerdo en diálogos de México?

La Guayana Esequiba: ¿Cuál es el verdadero alcance del primer acuerdo en diálogos de México?

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La Guayana Esequiba: ¿Cuál es el verdadero alcance del primer acuerdo en diálogos de México? Foto: Agencia

El reclamo histórico de Venezuela sobre 150.000 kilómetros cuadrados de territorio de la Guayana Esequiba resultó ser el primer gran acuerdo del diálogo en Ciudad de México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria que se le opone. Pero, ¿de qué trata?

Venezuela, una nación de más de 200 años de fundada como República, insiste desde principios del siglo XIX que aproximadamente 70% del suelo que hoy constituye al Estado guyanés, independizado del Reino Unido en 1966, le corresponde.

Las 34 Constituciones que ha tenido Venezuela en su historia demarcan como suyo ese territorio que se extiende desde el delta del río Orinoco, en el oriente, hasta el río Esequibo. Aparece descrito como “zona en reclamación”, rayado, en los mapas de la educación inicial en libros y aulas de Venezuela.

Guyana esgrime como su principal defensa histórica el llamado Laudo Arbitral 1899, en París, donde el fallo unánime de un tribunal resultó favorable para el Reino Unido, su colonizador, recibiendo como suyos 159.500 kilómetros cuadrados del territorio denominado por Venezuela como Guayana Esequiba.

Venezuela estima que su frontera debe ser la línea media del río Esequibo según el principio “como poseías, seguirás poseyendo”, que le permite contar con los territorios de la Capitanía General existente al independizarse de España, a inicios del siglo XIX.

Tras calificar de “nulo e írrito” por vicios de nulidad el Laudo Arbitral de París, insistió en su posición ante las Naciones Unidas y, en 1966, se firma el llamado Acuerdo de Ginebra en las vísperas de la independencia de la incipiente Guyana.

Ese tratado buscaba llegar a un arreglo práctico para una solución satisfactoria definitiva, si bien se mantiene el statu quo del Laudo Arbitral de París en 1899. Su texto reivindica la salvaguarda de los derechos de soberanía venezolanos.

Los delegados del gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria que se le opone firmaron en las negociaciones de México un acuerdo que refrenda la utilidad del Acuerdo de Ginebra para reclamar legítimamente ese territorio.

Guyana no es hoy el país incipiente que era cuando se firmó ese acuerdo, hace 56 años, no obstante. En plena ebullición de la crisis venezolana contemporánea, se erige como una nación con un importante crecimiento de sus ingresos per cápita debido al inicio de sus explotaciones petroleras.

Para Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI), Venezuela “siempre ha estado muy pendiente de sus intereses y su soberanía” sobre este territorio a pesar de las “idas y venidas” en los más de 100 años que tiene esta disputa.

Señala que el país nunca quiso judicializar esta controversia pues siempre la entendió como “una controversia política” y por esta misma razón hizo constantes llamados para negociar con la República Cooperativa de Guyana.

“Esto es uno de los puntos donde siempre ha habido un consenso tácito entre todas las fuerzas política venezolana, a pesar de la grave crisis que hemos sufrido, a pesar de la polarización, porque es un tema de alto interés nacional”, destaca el especialista y también profesor a la VOA.

Ramírez asegura que los intereses de Guyana están puestos en “la parte de delimitación y explotación petrolera” que le den cobertura “a esas concesiones que ha entregado» desde el 2015. Agrega que Guayana se ha “victimizado” internacionalmente tratando de “aprovecharse de la mala imagen bien ganada del régimen de (Nicolás) Maduro”.

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Considera que, ante este contexto externo y el consenso interno, las partes en México pudieron encontrar que el tema del Esequibo era un “buen primer paso”. “El acuerdo parcial es importante, sobre todo a nivel simbólico, sobre todo de cara al exterior, pero me resulta insuficiente porque le faltan acciones aún más concretas y contundentes”, expone.

Ramírez comenta que una de sus recomendaciones de “acciones concretas” sería contra-demandar al Reino Unido y a la República Cooperativa de Guyana, pues hay proceso judicial abierto en la Corte Internacional de Justicia, y así “contextualizar este proceso en su justa dimensión histórica y jurídica”.

Otras de las recomendaciones en esta materia es considerar la apertura de juicios en cortes otros países claves contra empresas petroleras, como ExxonMobil, que se encontrarían en el territorio en reclamación. “Son medidas que merecen analizarse, que merecen acordarse, y para eso era importante crear una mesa”, instrumentación que el especialista no descarta en un futuro.

Sergio Urdaneta, abogado especializado en derecho constitucional y corredactor de un borrador de ley sobre la Guayana Esequiba que nunca llegó a discutirse en la Asamblea Nacional, cuando el oficialismo era mayoría, en 2015, advierte que el diferendo territorial de los márgenes orientales del país es un asunto, sí, necesario e histórico, pero le hace ruido que sea parte del diálogo de México.

“Es un absurdo llevar a esa negociación ese tema. No es un tema para traerlo a una reunión donde el país aguarda esperanzado que se avance para salvar al país en temas como los servicios públicos, la crisis económica o el tema electoral”, afirma en entrevista con la Voz de América.

Lo valora como un “sinsentido y una carta oculta” del oficialismo para minar el avance de la primera ronda de negociaciones en Ciudad de México. “Hay que identificarlo como una estrategia de sabotear el planteamiento de construir un acuerdo para salvar al país. El tema de Guyana no va a salvar al país”, insiste.

Un acuerdo sobre Guyana “no es un tratamiento urgente” para la crisis venezolana, asegura Urdaneta. El artículo 73 de la Constitución establece “un mecanismo claro” para resolver asuntos de soberanía como ese, considera, sin necesidad de pactar acuerdos con su oposición en un diálogo de alto nivel.

Si el gobierno guyanés sigue adelante con su estrategia de llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia o sellar concesiones petroleras y mineras en ese territorio en reclamación, Venezuela podría convocar un referendo consultivo para reivindicar su soberanía de acuerdo con esa norma, detalla.

“Ese tratado o una eventual sentencia (de la Corte Penal) no tendría aplicabilidad en Venezuela con este dispositivo. ¿Por qué llevar a ese planteamiento allá cuando el país requiere otras urgencias?”, remarca.

El Estado venezolano, sin necesidad de acuerdos en México, puede dar “señales más categóricas para defender su territorio de la Guayana Esequiba”, opina Urdaneta, quien acusa al gobierno de Hugo Chávez, entre 1999 y 2013, de “negligencia” ante los avances del gobierno guyanés de solidificar su control de facto en ese territorio.

El historiador Manuel Donís precisa en su libro ‘Venezuela y sus espacios marítimos en el Atlántico ayer y hoy’, que Chávez, en 2004, descartó la polémica sobre el Esequibo durante una visita a Guyana, interesado en impulsar el Tratado de Alianza Bolivarianos para pueblos de Nuestra América, ALBA.

“El asunto de la Guayana Esequiba será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países (…) Venezuela no se opondrá a que empresas extranjeras exploren yacimientos petroleros y gasíferos en el disputado territorio de Guyana (…) El Gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo”, dijo entonces Chávez, mentor político de Maduro, generando “honda preocupación” en el mundo social, diplomático y académico del país, cuenta Donís Ríos.

Maduro, su sucesor, ha seguido la misma línea, considera Urdaneta, por su parte. “El régimen ha sido omiso, negligente, entreguista con la defensa de la soberanía del Esequibo. No puede romperse las vestiduras en México proponiendo eso como el gran tema, para lavarse el rostro sobre las reclamaciones históricas que ha tenido Venezuela”, denuncia.

Guyana, en 2018, introdujo una solicitud de procedimientos institucionales en la CIJ contra Venezuela para reclamar su soberanía en ese territorio. Donís Ríos, historiador, explica la visión geopolítica del asunto en su libro sobre el diferendo territorial: “Guyana aspira a explotar comercialmente el petróleo que pudiera encontrarse en la Zona en Reclamación y de allí la decisión de llevar a Venezuela cuanto antes a la Corte Internacional de Justicia”.

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Voz de América