Caso Haití: Un mes de incógnitas judiciales tras el magnicidio del presidente Moise

Caso Haití: Un mes de incógnitas judiciales tras el magnicidio del presidente Moise

Foto: AFP

El miércoles 7 de julio, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, de 53 años, fue asesinado a tiros cuando un grupo de sujetos armados irrumpió en su residencia privada durante la madrugada. Un mes después del ataque –que sumió al país en una nueva crisis política y social– todavía hay muchas preguntas, pocas respuestas y una investigación judicial que no avanza.

Ha pasado exactamente un mes desde que el presidente de Haití fue asesinado en su residencia privada en la capital haitiana Puerto Príncipe, pero los habitantes del país y la comunidad internacional siguen sin saber quién ordenó el asesinato. 

Hasta el momento, la policía haitiana ha detenido a decenas de personas, entre ellas 26 colombianos, varios agentes de la seguridad presidencial y un empresario haitiano radicado en Florida. 

Pese a estos arrestos, la población tiene grandes dudas sobre la investigación y varios sectores de la vida pública en Haití han criticado la lentitud de los procedimientos policiales y judiciales, así como la negativa de las autoridades a difundir información sobre los avances de las pesquisas.

 
Todavía no hay pistas claras sobre los patrocinadores del crimen o sus motivos

Si bien las investigaciones todavía continúan en su proceso, los oficiales de la policía de Haití indicaron que varios elementos apuntan a que Christian Emmanuel Sanon, un médico de 63 años con sede en Florida, conspiró y contrató a mercenarios colombianos con el objetivo de matar a Moïse y de hacerse con el poder. El médico fue arrestado en Florida el pasado 11 de julio.

Sin embargo, su abogado, Stanley Gaston, señaló en declaraciones a la agencia EFE que «el proceso judicial se compone de violaciones a los derechos de las personas», al producirse detenciones «sin que haya habido ningún delito flagrante».

Asimismo, aunque las autoridades parecen señalar a Sanon como autor intelectual del asesinato del presidente, el actual primer ministro, Ariel Henry, y la viuda del mandatario, Martine Moïse, afirmaron ante la prensa internacional que los responsables del magnicidio aún no han sido detenidos.

Entre tanto, las autoridades del país caribeño, con la colaboración de las autoridades estadounidenses, siguen sus pesquisas a medida que surgen nuevos detalles.

Los investigadores afirmaron que los mercenarios colombianos habían sido contratados por CTU Security, una empresa de seguridad con sede en Miami. Además, así lo confirmó el director de la empresa, Antonio Intriago, en un comunicado emitido a través de sus abogados en Miami.

Sin embargo, el pasado miércoles, Intriago negó estar involucrado en el asesinato de Moïse. El propietario de la pequeña empresa de seguridad declaró que había sido engañado y que los guardias de seguridad del presidente eran los culpables.

En un comunicado, sus representantes legales señalaron que su cliente pensaba estar ayudando con un proyecto de reurbanización en la ciudad costera de Jacmel, en el sur de Haití. 

Añadieron que antes de que se llevara a cabo el asesinato de Moïse, se le informó a Intriago que la misión de seguridad había «cambiado de dirección» y que acompañaría a un juez y a la policía haitiana para entregar al presidente una orden de arresto.

Los abogados aseguraron que los contratistas de seguridad no mataron a Moïse y que su función era vigilar a los oficiales mientras ejecutaban la orden de arresto.

“Cuando entraron a la residencia presidencial, encontraron al presidente fallecido, su esposa herida y la casa saqueada. Creemos que los propios guardaespaldas del presidente lo traicionaron», apuntaron los abogados.

De hecho, ninguno de los miembros de seguridad del presidente resultó herido en el ataque. 

Hasta la fecha, al menos una docena de policías han sido arrestados mientras varios altos funcionarios de seguridad siguen detenidos.

Por otra parte, los abogados de Intriago entregaron documentos en los que se alegaba que una exjueza de la Corte Suprema de Haití, Wendelle Coq Thélot, estaba involucrada en el plan para supuestamente arrestar a Moïse.

La policía de la isla caribeña emitió órdenes de arresto contra Thélot y otros funcionarios, incluido un exempleado judicial y un exsenador.

Haití pide ayuda a las Naciones Unidas y a la CARICOM

El jueves, el gobierno de Haití solicitó asistencia por parte de las Naciones Unidas para realizar una “investigación internacional” en torno al asesinato. 

“El Ministerio de Exteriores de Haití pide la asistencia de la ONU para llevar a cabo una investigación internacional en torno al asesinato del presidente Jovenel Moïse”, ha indicado la Embajada de Haití en República Dominicana a través de su cuenta oficial en la red social Facebook.

El gobierno pidió además el apoyo de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y ha reiterado que el asesinato de Moïse y las heridas sufridas por la primera dama en el asalto “suponen un crimen internacional por las sospechas de la participación de ciudadanos extranjeros en la planificación, financiación y ejecución del atentado”.

El país aumentó la seguridad del personal de la corte que supervisará los procedimientos relacionados con el magnicidio

Este miércoles, se presentó finalmente el caso ante la Justicia. El tribunal de primera instancia de Puerto Príncipe debe nombrar uno o varios jueces que tendrán la responsabilidad de investigar el caso del asesinato de Moïse. 

Si embargo, el magistrado Bernard Saint-Vil, decano del Tribunal de Primera Instancia en Puerto Príncipe, dijo que algunos jueces con los que se puso en contacto recientemente sobre el caso del asesinato del presidente, le habían confesado su preocupación por su seguridad.

Saint-Vil agregó que se necesitan medidas de seguridad adicionales, ya que algunos funcionarios judiciales temen por su vida en medio de amenazas de muerte. 

Por otro lado, este refuerzo de seguridad solicitado se produce en medio de la inquietud por el estado de los sospechosos del crimen, que han sido trasladados a una prisión donde las condiciones han sido tachadas de condiciones de tortura por las Naciones Unidas; y donde miles de presos permanecen recluidos durante años sin audiencia judicial o juicio.

Inquietudes similares han surgido por parte de activistas de derechos humanos y del Gobierno de Colombia, que se dice preocupado por la salud de los exsoldados colombianos arrestados y señalados de haber sido los presuntos mercenarios que perpetraron el crimen. Colombia ha denunciado que los presos tienen acceso limitado al agua y que algunos se encuentran en un estado físico lamentable. 

El presidente colombiano, Iván Duque, manifestó que muchos de estos exsoldados colombianos fueron a Haití para trabajar como guardaespaldas, pero que otros sí sabían que se estaba planeando un crimen.

Mientras tanto el país tiene un nuevo primer ministro encargado con la organización de elecciones. El gobierno de Haití nombró formalmente a Ariel Henry el 20 de julio como primer ministro. 

Henry, un neurocirujano de 71 años, fue designado por Moïse para ser el nuevo primer ministro pocos días antes de su asesinato, pero sin haber formalmente jurado el cargo. 

Días después de asumir como primer ministro, Henry declaró que su gobierno planeaba crear las condiciones para que la nación caribeña celebre elecciones generales lo más rápido posible.

 

 

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France 24