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La justicia europea dejó sin inmunidad al independentista catalán Carles Puigdemont


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La justicia europea desestimó este miércoles el recurso de Carles Puigdemont contra el levantamiento de su inmunidad decidido por el Parlamento Europeo, lo que supone un revés para la estrategia del independentista catalán, figura principal del intento de secesión de esta región española en 2017.

Tras conocer la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), Puigdemont, quien se instaló en Bélgica para esquivar a la justicia española poco después de la fallida independencia, anunció que presentará un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

“Evidentemente que presentaremos recurso”, reiteró en una rueda de prensa en Bruselas. “Lo haremos lo más rápido posible, y con la forma más ambiciosa posible”, agregó asegurando que no es la primera vez que les toca “remontar una situación adversa”.


La decisión de este miércoles suma un nuevo capítulo en esta compleja saga judicial y afecta igualmente a Toni Comín y Clara Ponsatí, exmiembros del gobierno regional catalán que encabezaba Puigdemont. 

Los tres están procesados por la justicia española por su participación en el intento separatista, que sumió al país en una de sus peores crisis políticas desde el fin de la dictadura franquista en 1975.

A petición de la justicia española, el Parlamento Europeo votó en 2021 levantarles la inmunidad, decisión que los independentistas buscaban anular con su recurso. 


Después de varias marchas y contramarchas, en las que el año pasado recuperaron la protección de forma cautelar, el TGUE debía valorar ahora la cuestión de fondo, pero no aceptó sus argumentos.

“El Tribunal General desestima todos los motivos formulados por los tres diputados, en particular sus alegaciones según las cuales el Parlamento incurrió en error al concluir que el referido proceso judicial no se incoó con la intención de dañar la actividad de los diputados”, indicó en un comunicado.

La jurisdicción estimó igualmente que, para pronunciarse sobre las peticiones de suspensión de inmunidad presentadas por la justicia española, “no corresponde al Parlamento analizar la legalidad de los actos judiciales españoles”.


“Esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales”, explicó.

– “Satisfecho” –

Con su decisión, el TGUE abre la puerta a que el Tribunal Supremo curse nuevas órdenes europeas de detención contra los tres independentistas. Sus defensas ya anunciaron, sin embargo, que volverán a pedir medidas cautelares para restablecer su protección, lo que podría alargar de nuevo el proceso durante meses.

Tampoco Puigdemont, quien tiene vigente una orden de arresto en España, dio pistas sobre sus planes.

“Hoy evidentemente la opción del regreso está exactamente en el mismo punto que estaba antes de la sentencia, es decir, igual de lejos o igual de cerca”, indicó, reiterando su confianza en lograr la victoria final en la justicia europea. 

A menos de tres semanas de las elecciones legislativas españolas, la decisión del TGUE fue muy celebrada por el ejecutivo progresista español, a quien sus medidas de distensión en Cataluña le valieron fuertes críticas de la oposición conservadora. 

“El gobierno se encuentra muy satisfecho porque esta sentencia es un respaldo indudable a la justicia española y también al parlamento europeo”, celebró la ministra de Justicia, Pilar Llop.

– Reforma polémica –

El Tribunal Supremo español reclama la extradición de Puigdemont desde 2017, pero la justicia belga nunca dio autorización definitiva a sus peticiones, especialmente por problemas de equivalencia de los cargos entre los derechos nacionales respectivos.

El líder independentista está procesado en España por malversación de fondos públicos y desobediencia. La justicia española tuvo que retirarle en enero el cargo de sedición, que le podría haber acarreado una pena mayor en caso de ser finalmente juzgado, tras una reforma del Código Penal que suprimió este delito.

Esta controvertida modificación emprendida por el gobierno del socialista Pedro Sánchez pretendía facilitar las relaciones con el separatismo catalán, del que uno de sus sectores suele dar apoyo parlamentario al ejecutivo progresista.

El gobierno regional secesionista que dirigía Puigdemont en Cataluña trató de separarse de España en 2017 organizando un referéndum de autodeterminación, prohibido por la justicia, al que después siguió una efímera declaración unilateral de independencia por parte del parlamento regional. 

Madrid suspendió entonces la autonomía de esta rica región del noreste español, mientras los líderes independentistas eran arrestados o se marchaban al extranjero.

Nueve de ellos fueron condenados a penas de hasta 13 años de prisión en 2019, antes de que el gobierno de Sánchez les indultara en 2021.

AFP



Nunziatina Maugeri Suensverg

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