El diálogo y la conveniencia política en Venezuela (Dr. Honorio Castejón Sandoval)

El diálogo y la convivencia política en Venezuela (Dr. Honorio Castejón Sandoval)

El diálogo y la convivencia política en Venezuela (Dr. Honorio Castejón Sandoval). Foto: Cortesía

Desde que la representación mayoritaria de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) ha sugerido el “Dialogo” como remedio infalible para la grave crisis económica, política, social e institucional en la cual se halla inmersa la República Bolivariana de Venezuela, y desde que el Gobierno Nacional presidido por Nicolás Maduro se ha hecho eco de dicho mecanismo –luego del proceso eleccionario de la Asamblea Nacional celebrado en Diciembre de 2020- es necesario precisar el sentido y alcance que tal mecanismo de dialogo adopta según sus diversas acepciones.

En el lenguaje común el dialogo expresa la conversación entre dos o más personas que manifiestan sus ideas alternativamente con el propósito de lograr un consenso. Equivale a plática o trato. La antigua Grecia, empeñada en organizarlo todo metódicamente, dio a la palabra un sentido técnico y derivó de ello la “dialéctica” como mecanismo destinado a hacer valer frente a otro la razonabilidad de una postura o afirmación a fin de avenir a los interlocutores respecto a un determinado resultado. No fue sino a partir del pensamiento de Hegel cuando la dialéctica alcanzó valor filosófico pasando a ser un método de interpretación de los acondicionamientos históricos. De allí la fórmula: tesis (afirmación) – antítesis (negación) – síntesis (aparición de un nuevo estado de cosas) fue aprovechada por el pensamiento marxista para justificar la revolución como proceso de transformación histórica.

Frente a estas nociones la acepción que nos ocupa y que postula la comunidad internacional en el caso venezolano es aquella que ve el dialogo como un medio alternativo de solución de conflictos políticos, derivada quizás de la experiencia que las naciones han adquirido mediante su participación en organizaciones multilaterales conformadas hemisféricamente como órganos de consulta y concertación política a fin de armonizar sus relaciones y promover la solución de los conflictos por medio del dialogo y la negociación entre los

Estados miembros. Aludimos en un principio a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en cuanto son las organizaciones más emblemáticas y de superioridad numérica, sin restar mérito a otras de carácter subregional, como la Unión Europea (UE), el Mercosur y la Cumbre Iberoamericana, para nombrar ejemplificativamente solo tres con funciones semejantes. La acepción en estos casos denota la idea de “diálogo político” cuya esencia constituye la columna vertebral de la democracia, comprometida en establecer canales de consenso capaces de garantizar la solución pacífica de los conflictos y la exclusión de la violencia mediante la acción mancomunada de aquellos sectores a quienes incumbe implementar políticas públicas en pro del bienestar de la población preferentemente necesitada.

El dialogo entendido como arte de la política para generar consensos sobre asuntos de interés colectivo es cuestión que nadie discute. Pero en el caso de la crisis venezolana sorprende la manera olímpica como aquel ha sido insistentemente sugerido por las organizaciones internacionales sin más valor que una respuesta “diplomática” que en nada contribuye a la solución de una crisis más compleja y más de fondo derivada del choque entre el sistema político, económico y social del denominado Socialismo del Siglo XXI que se pretende imponer, y la organización jurídico-política que la Nación venezolana adoptó en el texto Constitucional como Estado democrático y social de derecho y de justicia, propiciando así un desorden institucional que ha afectado seriamente la estabilidad política, el funcionamiento del estado de Derecho, la administración de justicia, la tranquilidad y paz social, el libre desenvolvimiento del sistema económico y la armonía de Venezuela en el concierto de naciones.

La sugerencia de un dialogo semejante, prescindiendo del análisis de la complejidad de la crisis, de sus raíces profundas y de la necesaria legitimación de los interlocutores para sostenerlo, más que una proposición razonable y seria de la comunidad internacional, parece una pretensión ingenua con la cual decir a las partes: “anda, negocia con tu adversario y trata de obtener lo que mejor convenga a tus intereses”, hecho que no se corresponde con la comprobada experiencia de los organismos internacionales en esta materia ni con el perfecto conocimiento de que la crisis por la cual atraviesa Venezuela no es un fenómeno coyuntural sino estructural que se remonta a más de tres (03) décadas, originada de la devaluación monetaria a la cual el país se vio precisado en aquel fatídico viernes negro de l983 a causa del pase de la relación de cambio del Bolívar frente al Dólar de 4.30 a 6.70. Las nefastas consecuencias de dicha determinación no pudieron ser superadas mediante las medidas de control de divisas y de control de precios implementadas por los gobiernos democráticos que se sucedieron hasta 1998, ni tampoco por las medidas semejantes implementadas desde entonces por el régimen revolucionario socialista hasta el momento. Muy por el contrario, el ensayo revolucionario terminó por despojar al país de los últimos resquicios de país rico, petrolero y de numerosas ventajas comparativas. La moneda fue disminuida a su más pírrico valor y la astronómica inflación desatada colocó al país en posición de deambular por los círculos financieros internacionales sin posibilidades de acceso a política crediticia alguna.

La hora del dialogo parece haber pasado para una Venezuela devastada, sojuzgada, humillada y vencida. El régimen imperante, calificado por la oposición y sus aliados internacionales de autoritarismo o dictadura moderna, no ha dejado espacio para el dialogo y la concertación, amén de que la falta de un liderazgo cohesionado, tanto en el gobierno como en la oposición, presenta a los actores políticos sin fuerza suficiente para enfrentar la magnitud de la crisis. Sin un liderazgo vital en la situación actual venezolana el dialogo político es tiempo perdido. La ocasión parece más bien propicia para escuchar a quien con racionalidad ética tenga algo que decir siempre que no sea acallado por la persecución y la censura.

¡No es posible…Carajo! -para utilizar la frase indignada del otrora comunicador marabino Luis Guillermo Govea- que se guarde silencio frente a la destrucción más obscena que el país sufre y a la dolorosa supresión de todo signo de bienestar y de progreso en la población venezolana. La fantasía revolucionaria de construir un hombre nuevo y un sistema de vida diferente del venezolano sin reparar en el grave daño a los valores de la democracia liberal, a los principios elementales de la economía, a la política monetaria, a la armonía social, al trabajo, a la salud, a la educación, al arraigo a la tierra y a las relaciones del país con la comunidad de naciones, es una obstinada temeridad imposible de ocultar dentro de la ruina y el estrepitoso descalabro en que vivimos. ¡No es posible…Carajo! que más de cinco millones de venezolanos hayan huido del suelo patrio para procurarse en otras latitudes los medios esenciales de subsistencia -comida y vivienda- a cambio del trato injusto, del desprecio inmerecido de la xenofobia y de la pesada amargura del destierro. El quebrantamiento inexcusable de la vida institucional, el deterioro paulatino de las condiciones de vida de la población, el odio social y la destrucción sistemática de la confianza de la población mayoritaria en los procesos electorales, unidos a la corrupción y a la impunidad galopante, han hecho del cuerpo social un simple despojo al cual ya no le queda un hueso sano. Se trata de una situación abyecta, ignominiosa y de ruindad cuya conflictividad violenta de manera directa las normas constitucionales en materia de derechos humanos que, por su naturaleza, es asunto no susceptible de dialogo, a menos que se persiga poner al pueblo de hinojos frente a quienes no han sido capaces de detener la crisis ni el divorcio entre políticos y electores.

La impertinencia del dialogo para atender el antagonismo gobierno-oposición -que con justificada vehemencia abordamos en este escrito- no podrá calificarse jamás como simple apreciación subjetiva del autor de estas líneas.

La confirman las propias manifestaciones públicas de altos funcionarios del régimen de gobierno, repetidas recientemente en los días previos al proceso electoral de la Asamblea Nacional en Diciembre de 2020, cuando sin ningún pudor se apercibió al país que mientras exista “una fuerza armada revolucionaria y profundamente chavista” los opositores jamás “pasarán” al manejo de la cosa pública, con lo cual se quebranta groseramente el derecho constitucional al sufragio y pone en evidencia la inutilidad de todo dialogo.

Como abogados que interpretamos el Derecho con amplitud -más allá de lo que dicen las palabras de la ley- nos preguntamos indignados ¿Y cómo carajo es dable suponer un dialogo entre las partes en conflicto cuando la motivación primaria de ambos interlocutores radica en destruir y eliminar al contrario?, ¿Cómo imaginar un dialogo efectivo entre el autoritarismo sin medida, propio de la violencia revolucionaria, frente al régimen de libertades que propugna el predominio del estado de Derecho, propio de la democracia?, ¿Cómo compatibilizar la racionalidad ética y política entre revolucionarios y demócratas, cuando la única coincidencia conceptual entre unos y otros es la
apetencia que ambos tienen por el ejercicio exclusivo del poder? Y esto que aparentemente los une ¿no es acaso el hecho que los separa?.

Varias iniciativas de dialogo se han sucedido en los últimos veinte años entre gobierno y oposición en Venezuela, incluso con observación y mediación extranjera, sin que de ninguno de ellas se haya obtenido acuerdo alguno
tendente a superar la crisis que agobia al país entero. Estas son: a) La Mesa de Negociación y Acuerdo (2002-2005); b) La Conferencia Nacional por la Paz (2014); c) La Mesa de Dialogo Nacional (2016-2017); y d) La Mesa de Dialogo de la República Dominicana (2017-2018), propiciadas todas dichas iniciativas a fin de evitar que las escaladas de protestas pudieran conducir a una explosión social. En este sentido podría decirse que las mismas solo han resultado positivas por lo que respecta al control de las manifestaciones de violencia, no así respecto a los factores determinantes de la crisis política, económica, social e institucional los cuales persisten y agravan cada día. Quizás la
iniciativa de mayor avance fue la promovida en el año 2017 en la República Dominicana, en la cual se dijo que gobierno y oposición habían logrado un acuerdo en torno al restablecimiento de la institucionalidad mediante un
cronograma de elecciones libres, justas y organizadas, y otros temas que supuestamente fueron vertidos en un documento y sometidos a la consideración de las Cancillerías respectivas, resultando que dicho instrumento no fue
suscrito por las partes comprometidas en el dialogo y, por consiguiente, fue declarado en “receso indefinido” por el Gobierno dominicano mediador en el asunto.

Con relación a todas estas infructuosas iniciativas de dialogo político queda por preguntar si en verdad las partes comprometidas en las mismas se habían preocupado por construir el espacio natural donde el proceso era dable, si los negociadores eran personas legitimas para llevarlo a efecto, si los personeros reunían las cualidades subjetivas para sostenerlo y si la temática, según la naturaleza de la materia, era asunto susceptible de dialogo, pues, al no haberse satisfecho dichos presupuestos era de presumir que la iniciativa dejaba desprovisto al dialogo de posibilidad objetiva y subjetiva para lograr sus cometidos como realmente pasó. Por esto llama nuestra atención el dialogo
promovido desde los primeros días de 2021 entre Fedecamaras y algunos personeros de la recién designada Asamblea Nacional, pues, pensamos que el carácter sectorial que ostenta la mencionada federación no la inviste de la
representación política suficiente para discutir asuntos que van más allá del ámbito empresarial en cuanto tienen que ver con el aspecto económico, social, institucional y político que interesa a la sociedad entera.

Probablemente algunos vean en todo cuanto hemos dicho una postura absolutamente contraria al dialogo político, pero no es así. Lo concebimos como un mecanismo fundamental, imprescindible y necesario para la convivencia pacífica en toda sociedad con intereses divergentes, sabiendo que a través del mismo la democracia procura dirimir las diferencias que obstaculizan e impiden la paz y la tranquilidad social incluso sobre asuntos que se presentan irreconciliables. Lo que no admitimos, por absurdo, es que se trate de propiciar el dialogo sobre posturas incompatibles que se excluyen mutuamente -como ocurre en el caso del conflicto venezolano- donde el mismo se plantea entre quienes de una parte afirman un gobierno revolucionario (nugatorio del orden legal establecido) frente a quienes invocan un talante democrático (afirmativo del estado de derecho) a sabiendas de que la revolución excluye la democracia del mismo modo que ésta excluye la revolución.

A lo antes expuesto falta agregar que la viabilidad del dialogo no solo depende de la compatibilidad de la materia a la cual hemos aludido, sino más todavía de la “racionalidad ética” de quienes son llamados a sostenerlo solo presente en personas con cualidades subjetivas poco comunes en la condición humana, a saber:

Convicción: Se refiere a la necesaria confianza de las partes en la capacidad del dialogo para lograr acuerdos y negociaciones como medio alternativo de solución de conflictos. Es la fe en la necesidad de construir relaciones humanas armónicas como base fundamental de la convivencia entre los hombres.

Formación, información y conocimiento del hecho político, porque nadie puede ordenadamente dialogar respecto de lo que no sabe.

Legitimidad: La exigencia de que las partes han de ser personas legítimas se refiere a la cualidad de los dialogantes para asumir el protagonismo de las partes sustanciales del conflicto. Dicha condición se complica mucho más en el caso venezolano en razón de que la representación gubernamental, sumada a la representación del sector opositor, no alcanza a un veinte por ciento (20%) de la población electoral según el computo que se hizo en los comicios para la elección de la Asamblea Nacional en diciembre de 2020. De dichos resultados aparece que la “representación política, democrática y protagónica” que postula el texto constitucional no se halla en los actores políticos sino en el ochenta por ciento (80%) de la población restante que rehúsa los procesos electorales.

Respeto: Constituye la condición indispensable de toda relación humana la cual en el dialogo político está referida no solo al respeto entre los protagonistas del evento sino con relación a la normatividad institucional y al bien común que pertenece a la sociedad en general.

Ponderación: Responde al estado de conciencia que obliga a tener una actitud integradora con vista de los diversos intereses en juego con la finalidad de armonizarlos, o en su defecto, reconocer la prevalencia de un interés sobre otro. Es el buen sentido de la proporcionalidad que induce a valorar cuál de las posiciones encontradas aporta mejor solución.

Ecuanimidad: Se refiere al componente psicológico atinente al equilibrio emocional y a la serena compostura que han de mantener los dialogantes ante las pretensiones que les son adversas. El lenguaje altisonante y la descalificación del contrario excluyen el valor de la comunicación en todas sus formas.

Tolerancia: Es el reconocimiento a la diversidad de opiniones, ideas y actitudes de los demás cuando éstas no coincidan con las propias. No significa aceptación de la postura contraria sino reconocimiento del derecho a disentir.

Sentido de convivencia: Es la condición que solo se alcanza cuando se tiene conciencia de que la vida en sociedad se corresponde con un instinto natural que hace del hombre un “zoon politikon” necesitado de armonía en sus relaciones con los demás.

En pocas palabras, si nos propusiéramos indagar la causa del fracaso de las iniciativas de dialogo político en Venezuela, debemos concluir que obedece a la falta de “racionalidad ética” de aquellos que sin contar con las indicadas cualidades subjetivas (convicción, legitimidad, respeto, ponderación, ecuanimidad, tolerancia y sentido de convivencia) han asumido la conducción del dialogo sin entender el sentido que el mismo tiene como expresión genuina de la democracia real cuya finalidad no es otra que mantener la coexistencia civilizada de la pluralidad política, y sin percatarse que el hecho de que en una sociedad coexistan dos sujetos que al mismo tiempo se atribuyen el ejercicio de la Presidencia de la República, dos órganos en ejercicio de la Asamblea Nacional, dos órganos en ejercicio del Tribunal Supremo de Justicia y dos en ejercicio del Ministerio Público, da lugar a un conflicto que la doctrina del Derecho Constitucional inscribe dentro del denominado “conflicto de poderes” o ”conflicto de autoridad” cuya solución corresponde, en principio, al Tribunal Supremo de Justicia al cual le está atribuida la jurisdicción constitucional.

Empero, estando también en contradicción la legitimidad del Tribunal Supremo, es obvio que la cuestión adquiere mayor gravedad. Ahora, a falta de diálogo político y de solución jurisdiccional ¿Estaría por consiguiente condenado el país a padecer indefinidamente las nefastas consecuencias del conflicto? Nos inclinamos por la negativa.

Pensamos que la inutilidad del dialogo y la imposibilidad de la actuación jurisdiccional, ubica el problema en el ámbito de la “voluntad política” que significa hacer lo que se debe hacer en beneficio del bien común y cuya función incumbe a quien se halle en “ejercicio efectivo” del poder. Hablamos aquí de “voluntad política” que no significa poder discrecional ni libertad para hacer lo nos venga en ganas, sino ajustar la actuación a los presupuestos dogmáticos de la Constitución de conformidad con la norma del Artículo 7, que dispone: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Aludimos asimismo a quien ejerza “efectivamente el poder” para referirnos a la persona que de manera real detenta la presidencia del Ejecutivo Nacional, a quien la Constitución le atribuye voluntad (poder) para “La defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la República, la conservación de la paz pública y la recta aplicación de la ley en todo el territorio nacional” (Art. 156).

Sin embargo la resistencia o carencia de dicha voluntad por quien detenta el poder como Jefe de Estado, traslada ipso facto dicha voluntad al pueblo organizado mediante el ejercicio de los derechos políticos y de participación protagónica que estatuye la Constitución cuya exposición de motivos enaltece cuando dice: “…derecho a la participación amplia en los asuntos públicos de todos los ciudadanos y ciudadanas, ejercido de manera directa, semi indirecta o indirecta. Este derecho no queda circunscrito al derecho al sufragio, ya que es entendido en un sentido amplio… (omissis) … se reconoce la necesidad de la intervención del pueblo en los procesos de formación, formulación y ejecución de las políticas públicas, lo cual redundaría en la superación de los déficit de gobernabilidad que han afectado nuestro sistema político debido a la carencia de sintonía entre el Estado y la sociedad”.

La participación protagónica del pueblo consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no puede interpretarse, a nuestro juicio, como un derecho a la rebelión sino como el ejercicio de la soberanía que en él reside encausada por medio de los mecanismos establecidos en la Carta Magna o mediante los dispositivos previstos en tratados, pactos o convenios internacionales relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, los cuales tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno según el artículo 23, ejusdem. Entre dichos mecanismos se hallan el sufragio, el referéndum, la consulta popular, y los previstos en el artículo 333 para el caso de que la Constitución dejare de observarse por cualquier motivo, en cuya eventualidad todo ciudadano, investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia; y en el artículo 350 que acuerda el derecho de desobediencia y resistencia. Es obvio que todo protagonismo popular ha de proponerse conforme a la ley sin que puedan sustituirse los medios democráticos para la obtención de una decisión
justa. La movilización y la protesta popular, a nuestro juicio, se hallan incursas en el derecho a manifestar que garantiza el artículo 68 de la Constitución.

Someter a dialogo la inmensa crisis que sufre la sociedad venezolana no parece cosa del Papa Francisco ni de la comunidad internacional. Las vías de solución solo serán posibles cuando el pueblo se disponga a reivindicar, por sí mismo, la democracia a través de los mecanismos de participación protagónica tutelados por la Constitución.

 

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Dr. Honorio Castejón Sandoval

REFLEXIONES EN POCAS PALABRAS (www.honoriocastejonsandoval.com