El 23 de enero y el ocaso de la democracia (Por el Dr. Honorio Castejón Sandoval)

El 23 de enero y el ocaso de la democracia (Por el Dr. Honorio Castejón Sandoval)

Cada vez que comienza el año viene a mi memoria aquella mañana del 23 de enero de 1958, cuando un grupo de estudiantes del Liceo Baralt de Maracaibo, cuyas edades oscilaban entre 12 y 17 años, expresamos nuestro júbilo frente a la emblemática casa de estudios, con motivo de la caída del régimen dictatorial del General Marcos Pérez Jiménez. Los vítores, alegría y el espíritu de libertad que el país comenzó a sentir en la madrugada de ese mismo día cuando el desventurado militar abandonó el gobierno, nos condujo hasta la cárcel de Maracaibo, ubicada en la antigua edificación que hoy ocupa la Casa del Gaitero en la Avenida Bella Vista, en procura del rescate de los presos políticos que aún pernoctaban en el viejo recinto. El dictador Pérez Jiménez había llegado al poder en noviembre de 1948 como parte de la conjura militar que derrocó al Presidente Rómulo Gallegos, erigiéndose cinco años más tarde como presidente constitucional tras ser legitimado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente de aquel tiempo.

La represión militar y las violaciones a los derechos humanos, presentes desde el  comienzo  mismo  de  su  gestión,  no  pudieron  ocultarse  bajo  las  obras  e inversiones de gran envergadura que engalanaron la capital y otros espacios de la República, las cuales no hicieron más que traducir lo que la ciencia económica califica  de   “crecimiento  sin  desarrollo”.   Los   partidos   opositores   Acción Democrática  y  Comunista  de  Venezuela,  ilegalizados  desde  los  primeros  días del  gobierno  militar,  operaban  desde  la  clandestinidad  bajo  el  oprobio  y  la persecución   continuada   por   parte   de   la   siniestra   “Seguridad  Nacional” encargada  de  garantizar  un  ambiente  infernal  donde  la  disidencia  solo  tenía tres destinos: el destierro, la cárcel o el cementerio. Uno de los más dolorosos galardones  de  aquella  policía  fue  el  asesinato  del  líder  adeco  Leonardo  Ruiz Pineda.

El descontento de la Iglesia Católica, los sectores económicos y los medios de comunicación, junto al descontento general de la población humillada y maltratada, propiciaron el quiebre del régimen cuando el dictador promovió, faltando pocos días para la conclusión de su mandato, un evento electoral plebiscitario para perpetuarse en el poder, siendo proclamado nuevamente como tal Presidente por el Consejo Supremo Electoral el 15 de Diciembre de 1957. Dicho proceso fue atacado de fraude por los partidos URD y COPEI, circunstancia que fue aprovechada por algunos oficiales de Caracas y Maracay, comandados por el Coronel Hugo Trejo sublevándose contra el régimen el 1° de Enero de 1958. A pesar de que la rebelión fue dominada en pocas horas sin embargo puso en movimiento a todos los partidos políticos y a la población mayoritaria mediante acciones de calle que alimentaron la huelga ejecutada por la prensa nacional el día 21 del mismo mes, así como también la convocatoria a una huelga general por la Junta Patriótica conformada clandestinamente por los partidos opositores. La situación se hizo insostenible cuando al día siguiente los altos jefes militares, particularmente de la Marina, pidieron la renuncia del Presidente, quien sin apoyo militar ni de la sociedad civil huyó junto a su familia y sus más cercanos colaboradores a la Republica Dominicana en la madrugada del 23 de Enero. La presidencia fue asumida entonces por el Vicealmirante Wolfgang Larrazábal, en nombre de la Junta Revolucionaria de Gobierno constituida al efecto.

A sesenta y tres años de aquel acontecimiento, el 23 de Enero no ha perdido su vigencia  histórica,  ni  la  perderá  jamás  en  razón  de  la  trascendencia  que  el hecho tuvo para la consolidación de la democracia y, fundamentalmente, por el significado  que  tuvo  la  sustitución  de  la  Republica  Militar  -imperante  e irreductible  desde  los  días  aciagos  de  la  independencia-  por  la  naciente República  Civil. En  esto  consiste,  a  nuestro  modo  de  ver,  la  indiscutible trascendencia histórica y política del 23 de enero. Su virtualidad para abrir el país  a  la  democracia  y  a  la  libertad  sustentada  en  un  acuerdo  nacional, denominado      “Pacto  de  Punto  Fijo”,  suscrito   por   los   líderes   Rómulo Betancourt, Jóvito  Villalba y  Rafael Caldera con el propósito de  enrumbar al país hacia un destino distinto al despotismo prevaleciente, fundado dicho pacto

en el respeto recíproco, la consolidación de los principios democráticos y la unión necesaria para la organización de la nación venezolana. Bajo los principios pactados, la gobernabilidad del país se mantuvo en Venezuela durante cuarenta años comprendidos entre 1958 y 1998.

Para las nuevas generaciones no pueden quedar ocultos los acontecimientos y motivaciones que hoy justifican, como siempre, la ocurrencia del hecho histórico del 23 de Enero de 1958, hechos que el autor de estas líneas tuvo oportunidad de vivir en pleno desarrollo y documentarse de su trascendencia constitucional con ocasión de su ingreso a la Facultad de Derecho de la ilustre Universidad del Zulia en el año 1961, justo en el preciso momento que entrara en vigencia la Constitución Nacional de la República de Venezuela (1961) que sirvió de cauce al novedoso proceso, sobre todo por el privilegio que tuvo de escuchar de labios del insigne abogado zuliano Dr. Humberto La Roche Rincón, las clases magistrales de Derecho Constitucional que hacían de él uno de los más brillantes expositores de la materia hasta nuestros días.

Por todo esto, hoy 23 de Enero de 2021 no podemos dejar de repetir lo que en anterior  ocasión  escribimos  sobre  el  denominado  “Pacto de Punto Fijo” que nació el otrora 23 de enero de 1958 con la:  “…asunción a la presidencia de la Republica por Rómulo Betancourt, resultante de un proceso electoral libre que significó un cambio paradigmático en la política venezolana, dado que la toma del poder dejó de ser   un acto proveniente de la violencia militar (golpe de Estado) para dar paso al sufragio universal, directo y secreto. La  Republica  Civil,  cuyo  primer  ensayo  había  sido  truncado  por  el perezjimenismo  en  1948,  irrumpió  nuevamente  en  el  firmamento  político nacional aquel 23 de Enero de 1958 con la clara finalidad de restablecer la  institucionalidad,  rechazar  el  despotismo  de  la  gente  de  uniforme, garantizar un régimen de libertades y conformar una estratificación social de  carácter  plural.  La  sucesión  presidencial  por  obra  del  militarismo prevaleciente fue erradicada durante el periodo de 40 años (1958-1999) a partir  del  momento  que  los  principales  actores  políticos,  reunidos  en  la casa  “Punto  Fijo”  de  Rafael  Caldera     sentaron  las  bases  de  la gobernabilidad en un histórico pacto concertado por los partidos: Acción Democrática  (AD),  Copei  y  Unión  Republicana  Democrática   (URD),  en octubre de 1.958, cuya finalidad se concretaba a lo siguiente: Defensa de la  Constitucionalidad  sobre  la  base  del  respeto  al  resultado  electoral; conformación  de  un  gobierno  de  unidad  nacional  sobre  la  base  de  un gabinete ejecutivo integrado por los partidos firmantes, con excepción del Partido Comunista y de los partidos afectos al régimen militar depuesto;  y establecimiento de un programa de gobierno común con objetivos mínimos para ser cumplidos. El denominado “Pacto de Punto Fijo” se mantuvo entre los  citados  partidos  hasta  1962,  fecha  en  la  cual  Unión  Republicana Democrática  (URD)  se  excluyó  del  mismo  en  desacuerdo  con  la  política exterior de Rómulo Betancourt respecto a Cuba.

Bajo los postulados del  “Pacto de Punto Fijo” se sucedieron en el poder: Rómulo Betancourt (1959-1964) de AD; Raúl Leoni (1964-1969) de AD; Rafael Caldera (1969-1974) de Copei; Carlos Andrés Pérez (1974-1979) de  AD;  Luis  Herrera  Campins  (1979-1984)  de  Copei;  Jaime   Lusinchi (1984-1989) de AD; Carlos Andrés Pérez (1989-1993) de AD; Ramón J. Velásquez  (1993-1994)  Independiente,  Rafael  Caldera  (1994-1999)  de Copei y Hugo Chávez Frías en su primera elección en 1999. Desde una visión historiográfica -no politiquera- el “Pacto de Punto Fijo” no fue sino el  acta  constitutiva  de  la  República  Civil  cuyos  postulados  democráticos habían sido consagrados definitivamente en la Constitución de la República de Venezuela de 1961”.

Si en estas líneas quisiéramos hacer historia debemos proclamar para conocimiento de los niños desde la escuela, que el 23 de Enero de 1958 constituye la más extraordinaria realización de la política venezolana luego de la declaración de independencia, por ser la fecha frontera que delimitó para siempre la diferencia entre lo que significa un “gobierno civil” y lo que representa un “gobierno militar”, siendo la primera vez que la conformación del parlamento legislativo nacional se produjo en democracia, ajustado a los nuevos tiempos mediante la participación de las personalidades más representativas de la élite política de aquel momento. Revisemos la conformación del primer Congreso Nacional que advino a la caída de Pérez Jiménez para hallar en él la presencia de la flor y nata de las distintas tendencias del pensamiento ideológico en Venezuela: Octavio Lepage, Elpidio La Riva Mata, Jaime Lusinchi, Pedro Ortega Díaz, Miguel Otero Silva, Godofredo González, Humberto Bartoli, Gonzalo García Bustillos, J.M. Siso Martínez, Pedro Miguel Pareles, Enrique Betancourt y Galindez, Francisco Faraco, Antonio Leidez, Luis Miquilena, Aristides Beaujon, Francisco Olivo, Saúl Ron, Jorge Dager, José Manzo González, Luis Herrera Campins, Jesús Pérez Díaz, Eduardo Machado, Joé Nuñez Aristimuño, José Ángel Ciliberto, Luis Alfaro Ucero, Luis Beltrán Prieto F, Luis Hernández Solís, Gonzalo Barrios, Jesús María Casal, Luis Manuel Peñalver, Carlos D’ Ascoli, Rodolfo José Cárdenas, Arístides Calvani, Pedro Pablo Aguilar, Raúl Ramos Jiménez, Octavio Andrade Delgado, Jesús Farías, Jesús Paz Galarraga, Juan José Delpino, Cesar Rondón Lovera, Elio Chacín Reyes, Hugo Soto Socorro, Omar Rumbos, Ángel Emiro Govea, Hens Silva Torres, Joaquin Araujo Ortega, Arturo Uslar Prieti, Ramón Escobar Salom, Pompeyo Márquez, Fabricio Ojeda, Pedro del Corral, José Vicente Rangel, Gustavo Machado, Guillermo García Ponce, Eloy Torres, Miguel Angel Landaez, Dagoberto González, Domingo Alberto Rangel, José González Navarro y Augusto Malavé Villalba, todos ellos firmantes del Texto Constitucional que por largo tiempo sustentó el gobierno de la República Civil, gracias a lo cual Venezuela pudo aparecer ante la comunidad de naciones como uno de los países más afianzados en los ideales democráticos del mundo.

La integración de dicho Congreso Nacional fue, ciertamente, resultado de aquel honroso  pacto  político  que  los  detractores  han  denominado  eyorativamente “puntofijismo”, tratando con ello de restar mérito al proceso político de mayor trascendencia   vivido   por   Venezuela   más   allá   de   la  infausta   experiencia histórica bajo la cual los distintos “congresos” que se sucedieron a partir de la declaración   de   independencia   fueron  conformados   por   los   hombres   de uniforme,    caudillos  y  demás participantes  en  la  gesta  emancipadora  entre quienes nuestros libertadores repartieron como botín de guerra el territorio de la patria, siendo los mismos que con la ambición, la traición y las apetencias indebidas llevaron a Simón Bolívar a las puertas del sepulcro. Hay en todo esto una verdad silente: De la gesta emancipadora Venezuela no obtuvo más en su provecho que la heroicidad de los libertadores, ni siquiera la tradición efectiva de  las  instituciones  imperiales  españolas,  pues,  los  continuos  cambios  de gobierno propiciados por el caudillismo desde Páez hasta Juan Vicente Gómez, dieron  lugar  no  solo  a  una  sempiterna  redistribución  de  las  capacidades, recursos y beneficios de uno a otro, sino que esa práctica insufló al venezolano del  despreciable  oportunismo  que  todavía  hoy  propugna  la  regla  “aprovecha hoy lo que puedas, pues, quizás mañana no te sea posible”.

Vale decir que de la Constitución de 1961 derivó el ordenamiento jurídico que constituyó la base legal sobre la cual la República Civil desplegó su actividad – sus éxitos y fracasos- durante un largo periodo donde la institucionalidad estuvo siempre presente como valor supremo de la acción política. El acelerado progreso y desarrollo de la actividad económica, unida a la estabilidad social y política obtenida por Venezuela durante las dos primeras décadas del gobierno civil, no solo fue de alto provecho para la patria sino objeto de merecido reconocimiento por parte de la comunidad internacional. Venezuela fue icono de la democracia mundial manteniendo un desarrollo progresivo hasta finalizar el “boom” petrolero de los años 70 cuando la estabilidad del proceso democrático comenzó a resquebrajarse acentuándose a principio de 1980 con motivo de la caída de los precios del petróleo de efectos seriamente adversos para la economía ya resentida por un fuerte endeudamiento. Ello hizo irremisible la devaluación de la moneda en aquel fatídico “viernes negro” de 1983 dando lugar al gigantesco proceso inflacionario, indetenible y profundo, del cual el país no ha podido sustraerse. Las medidas económicas del “Régimen de Cambio Diferencial” implementado por el gobierno de Luis Herrera Campins no tuvieron eficacia para contener los espirales inflacionarios, como tampoco lo tuvo el “Régimen de Control de Precios” implementado por el gobierno de Jaime Lusinchi. Por el contrario, ambas políticas devinieron en una galopante corrupción y en mercados negros de divisas. De ahí que cuando en 1988 el gobierno de Carlos Andrés Pérez se viera precisado a implementar el paquete

de medidas económicas conocidas como “El Gran Virage”, de corte neoliberal, en poco tiempo las mismas terminaron por agravar el descontento y la desconfianza general hacia la República Civil.

Aunque la perfectibilidad de la democracia y su capacidad para recomponerse dentro de su propio sistema reaccionó prontamente, constriñendo a la sociedad civil a convocar a sus mejores hombres para enfrentar la crisis dramática que significaba la perdida de la condición de “país rico” y la manera como la pobreza se extendía a todos los niveles de la población, se conformó un grupo de “Notables”, entre estos, Arturo Uslar Pietri, Rafael Caldera, Ramón  Escovar Salom, Carlos Guillermo Rangel, Domingo Maza Zabala, Eloy Lares Martínez, Ernesto Mayz Valenilla, José Melich Orsini, Jacinto Convit y otros, quienes en sus varias propuestas demandaron la renuncia o destitución del Presidente, formulando serias críticas contra el sistema judicial venezolano, el Consejo Nacional Electoral, el Congreso y los Partidos Políticos. De todas las indicadas propuestas los “Notables” lograron un cometido, quizás lo único que en verdad procuraban, cual fue el enjuiciamiento y destitución del Presidente de la República Carlos Andrés Pérez, cuyo período de gobierno fuera concluido por el historiador Ramón J. Velásquez.

La agonizante democracia pudo sin embargo resistir el embate del frustrado golpe de Estado perpetrado el 4 de Febrero de 1992 y mantener el tracto constitucional, permitiendo a Rafael Caldera obtener la Presidencia en elecciones libres en 1994, así como la asunción al poder por el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, autor del aludido golpe de Estado, en legítimas elecciones celebradas en 1998. La enigmática frase “Por ahora…”, pronunciada por el desconocido militar al momento de ser apresado, resonaría en los oídos de Venezuela bajo el impulso del sobreseimiento de la causa que le brindara el Presidente Rafael Caldera.

La República Militar se impuso nuevamente con el triunfo de Hugo Chávez Frías, abriendo el nuevo ciclo de la política venezolana que se ha venido sucediendo hasta nuestros días en el poder desde las dos primeras décadas del presente siglo. Dos décadas de autoritarismo militar al cual los hombres de uniforme han agregado la práctica ideológica del Socialismo del Siglo XXI, cuya simbiosis es señalada por la crítica nacional e internacional como responsable de la devastación económica, política, social y ética del país, censurada por la comunidad internacional y repudiada como tal por amplios sectores de la población venezolana. La pérdida de la institucionalidad, la destrucción del aparato productivo y la industria petrolera, la gigantesca inflación, la desaparición de nuestro signo monetario, la pésima prestación de los servicios públicos, la migración en masa, la desunión y el odio social, constituyen un desastre cuya magnitud no permite ver en el Socialismo del Siglo XXI ventajas comparativas frente a la Democracia a pesar de sus errores.

En verdad, ambos sistemas han fracasado sin que tenga alguna utilidad indagar cuál  de  ellos  pudo  lograr  mejores  resultados,  pues,  el  modelo  del  “Pacto de Punto Fijo”,  fundado sobre  la idea  de  que  el sufragio  universal habilitaría al Estado  para  enfrentar  el  orden  petrolero  mundial  mediante  una  política nacionalista  –que  si  bien  sirvió  de  impulso  a  la  OPEP  y  engrandeció  nuestra industria       petrolera       a       niveles       extraordinarios,       transformando significativamente a Venezuela en muchos aspectos-  no fue capaz de resolver las extremas desigualdades sociales ni las funestas consecuencias del viernes negro solo atemperadas mediante un populismo denigrante afanado en evitar la explosión social, ni tampoco pudo completar el proyecto de modernización del Estado ni la construcción de la democracia prometida.

Por su parte, el militarismo vigente, construido bajo el llamado “Socialismo del Siglo XXI” en los oscuros espacios de los cuarteles, resultó incapaz para corregir el rumbo y cumplir las banderas de insurgencia esperadas por la población, pues, a pesar de haber navegado en las aguas de  los altos precios del petróleo -jamás vistos- los mismos fueron desviados para comprar solidaridades internacionales y, en gran parte, para que fueran devorados por la más despreciable corrupción que ha podido experimentar el patrimonio público en todas las épocas, convirtiendo el país en una nación depauperada, víctima de la progresiva e indetenible hiperinflación y del éxodo numeroso de su población a otras latitudes, sin que para nada hayan servido los numerosos aumentos salariales, las reconversiones monetarias, los controles de divisas y de precio y las innumerables políticas económicas planificadas.

¿Qué queda entonces para el debate en este 23 de Enero? ¿Cuál ha de ser el sentido del diálogo del cual hablan los políticos, el Papa y la comunidad internacional?

La pretensión misma de un dialogo entre los actores políticos, unos en posición de gobierno y otros en posición de adversarios, no parece viable. Desde luego que la dialéctica requiere que los interlocutores se hallen en un plano de paridad, pero sobre todo de igualdad de derechos y reciprocidad de intenciones y propósitos. Bien se sabe que ello no está presente en el estado actual de la política venezolana donde ambas partes se mantienen en posición de permanente conflicto sin más propósito inmediato que hacer desaparecer al contrario, convirtiendo toda pretensión de dialogo en una batalla verbal sin capacidad de lograr un consenso por encima de las diferencias. De otro lado, siendo que el descontento de la sociedad civil, según los resultados de las últimas elecciones convocadas para integrar la Asamblea Nacional en Diciembre de 2020 se ubica en más de un ochenta por ciento (80%), no parece que los actores políticos de ambos bandos estén legitimados numéricamente para pactar acuerdos y establecer una agenda de país conforme con la voluntad colectiva.

Lo urgente, a nuestro juicio, es entender que el país se encuentra inmerso en un caos de casi cuatro décadas sin que la sociedad haya podido conseguir su camino. El liderazgo político no ha estado a la altura de las circunstancias; la disfuncionalidad de los partidos políticos alejó de dichas instituciones a los hombres cualificados y la política pasó a ser obra de improvisados y no actividad de intelectuales; la descomposición del Estado y la perdida de la institucionalidad ha llegado al extremo de execrar el principio de división de los poderes y de hacer aparecer la administración de justicia como un servicio absolutamente inútil; la desconfianza de la población en el voto; la obstinada temeridad  de  crear    un  hombre “nuevo” bajo  el  enaltecimiento  de  “los  sin valores” ha  prohijado  una cultura  de  masas  que  no  solo  acaba  con  la  cultura elitista sino con la misma cultura popular; la extensión de la pobreza hasta la desaparición de la clase  media  ha desarticulado  el tejido social rompiendo  la condición pluralista de la sociedad venezolana. El leviatán “homo homini lupus” parece haber abandonado el Viejo Testamento para desatar su furia sobre el cuerpo desguarnecido de la patria de Bolívar.

En  pocas  palabras,  es  indispensable  recuperar  la  convivencia  pacífica y el espíritu  de  ciudadanía  más  allá  de  las  concepciones  ideológicas  que han propiciado la división de la familia y la sociedad venezolana. Lograr un consenso nacional,  un  pacto  social,  con  la  participación  protagónica  del ochenta  por ciento  de  la  población  disidente,  que  procure  la modernización  del  Estado venezolano  y  la  construcción  de  una identidad nacional, que  defina  el  papel soberano del país   en el orden hemisférico y en el orden mundial,  alejado de tutelajes extraños contrarios a lo que verdaderamente significa la patria. Se impone dar paso a una cultura cívica, poblada de ciudadanos probos, racionales, instruidos y emprendedores, capaces de competir tanto en lo económico como en lo político alejados de la cultura improvisada, corrupta y personalista. El país reclama  la  construcción  de  una  democracia  autentica  proyectada  con  visión ciudadana,  que  conduzca  sus  intereses  mediante  organizaciones  serias  de  la sociedad civil y entidades políticas partidistas renovadas y comprometidas con el interés nacional. Todo ello presupone como condición inapelable reivindicar la confianza de la gente en el sufragio que hoy solo parece interesar a quienes pretenden  vivir  del  Estado.  Las  primeras  dos  décadas  del  “pacto  de  punto fijo” bien pudieran servir de referencia a la magna tarea, no para volver a la democracia de aquel tiempo, sino para guiar y planificar el país que queremos y el país que podemos.

Aludimos a las nociones de identidad nacional y democracia auténtica no como parte de una retórica vacía, sino como temas fundamentales de la ciencia política que en la Venezuela actual se halla en manos de quienes menos saben de ello. El tratamiento sistemático de dichos temas no es posible agotarlo en estas líneas pero lo hemos reservado para las próximas entregas de nuestras REFLEXIONES EN POCAS PALABRAS (www.honoriocastejonsandoval.com