Amnistía Internacional: políticas de gobiernos de Trinidad y Tobago y Venezuela ponen vidas en peligro

Amnistía Internacional: políticas de gobiernos de Trinidad y Tobago y Venezuela ponen vidas en peligro

Foto: Agencias / Referencial

Cuando se va conociendo la información inicial sobre un nuevo naufragio frente a la costa de Venezuela, Louise Tillotson, investigadora de Amnistía Internacional sobre el Caribe, se refiere a la obligación de los gobiernos de dar protección internacional a las personas refugiadas

Louise Tillotson, investigadora de Amnistía Internacional, estima que los gobiernos de Venezuela y Trinidad y Tobago deben evaluar sus políticas, que están causando daño a los refugiados. 

Señala que justo antes de que se implantara el confinamiento en muchos países de la región, Amnistía Internacional visitó Trinidad para llevar a cabo una investigación de campo con refugiadas venezolanas.

«Entrevistamos a decenas de mujeres; muchas se identificaron como víctimas de trata, y buena parte de ellas dijeron que conocían los riesgos, pero que harían cualquier cosa para alimentar a su familia. También nos reunimos con autoridades, incluidos la policía y el fiscal general, varias ONG y académicos», detalla. 

Según Amnistía Internacional, Trinidad y Tobago alberga ya al menos a 16.500 venezolanos, «que huyen de una devastadora y bien documentada mezcla de hambre, falta de medicinas…»

«En respuesta, numerosas personas de Trinidad y Tobago, organizaciones religiosas y ONG se han movilizado para acoger y albergar a los venezolanos y venezolanas que necesitan protección internacional. Sin embargo, el gobierno habla en gran medida otro idioma».

Agregan que «las autoridades de Trinidad y Tobago vienen dando prioridad a una respuesta centrada en proteger la seguridad nacional y la “protección de las fronteras” en lugar de buscar formas de cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos, contraídos al adherirse a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967».

«Siguen escondiéndose tras la excusa de que no existe legislación nacional sobre refugio y alegando que quienes huyen para salvar la vida están cometiendo “delitos”, afirmación que también es contraria al derecho internacional de los derechos humanos».

«Hace apenas unas semanas, las autoridades de Trinidad y Tobago enviaron al menos a 16 menores de edad y 12 personas adultas a alta mar, después de que hubieran llegado a Trinidad y Tobago en busca de seguridad», recuerda Tillotson.

«Aunque el grupo fue devuelto más tarde a Trinidad, la imagen de un bebé del grupo tras los barrotes de una prisión, publicada en el Trinidad and Tobago Guardian, plantea la pregunta: ¿Puede un bebé ser realmente un “delincuente”? Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares, una forma de protección frente a un daño inminente, a favor de algunos de los menores ahora devueltos».

«El domingo, Amnistía Internacional empezó a recibir noticias de otro naufragio frente a la costa de Venezuela, uno de los varios acaecidos en los últimos años. Aunque todavía no está claro qué ha pasado exactamente, la información inicial indica que han perdido la vida o han desaparecido entre 14 y 21 personas entre menores y adultas».

«Comprensiblemente, Trinidad y Tobago quiere tomar medidas para prevenir la COVID-19, pero las buenas prácticas de otros países demuestran que es del todo posible mantener abierto el acceso al asilo al mismo tiempo que se aplican unos protocolos sanitarios estrictos», refiere. 

En los últimos meses, Amnistía Internacional, el Centro Caribeño de Derechos Humanos y más de otras 20 organizaciones han escrito dos cartas abiertas al primer ministro Keith Rowley, pidiendo que su gobierno reconozca la gravedad de la situación que enfrenta la población venezolana y busque formas de dar protección, sea mediante otra “amnistía” –como hizo el gobierno en 2019– o aprobando legislación sobre refugio que oriente a las autoridades de inmigración y al poder judicial sobre cómo abordar estos casos.

«Hasta la fecha, no hemos recibido respuesta a ninguna de nuestras dos cartas», explican.

«Sean cuales sean los datos del naufragio más reciente, los venezolanos y venezolanas seguirán corriendo riesgos, seguirán enfrentándose a la franja de siete millas de agua que separa Venezuela de Trinidad, seguirán sometiéndose a la explotación laboral y la trata de personas y a otras formas de humillación en los países donde han buscado protección porque no tienen alternativa. Cualquiera que haya leído el sobrecogedor informe independiente de la ONU lo entenderá».

«Es responsabilidad de todos los gobiernos implementar leyes y prácticas que protejan a las personas. Debería darles vergüenza no hacerlo», señala la representante de  Amnistía Internacional.

 

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F. Reyes

Noticia al Día

Con información de Amnistía Internacional