Entérese de la cadena de corrupción que le permitió a la banda de

Entérese de la «telaraña» de corrupción que le permitió a la banda de “Willy Melean” legalizarse en Colombia

Toda una telaraña de corrupción le permitió a “Willy Meleán” y su banda, obtener cédulas colombianas y de esa manera ”legalizarse” en ese país. Una investigación realizada por autoridades neogranadinas le están permitiendo dar con los responsables de que bandas criminales extranjeras se asienten en Colombia

Un trabajo del diario El Heraldo de Barranquilla indica que, en una pequeña estructura que físicamente se asemeja a una casa funciona la sede de la Registraduría Municipal de Galapa, la misma que el pasado 10 de noviembre fue cerrada de “forma preventiva” por una comisión que viajó desde Bogotá, luego de que se conociera que  en esa sede Bernardino Melean Frontado, alias Willy Melean (neutralizado la madrugada del 6 noviembre en Santander), obtuvo una cédula de ciudadanía de “forma irregular”.

Ese medio informativo tuvo acceso al informe de la auditoría que se llevó a cabo en esa oficina de la Registraduría, cuya inspección culminó el pasado viernes 13 de septiembre y donde se evidenció la “expedición fraudulenta” de, al menos, 76 cédulas a ciudadanos venezolanos con edades comprendidas entre los 25 y 30 años. Tales emisiones se dieron desde finales de 2017 hasta septiembre de este año.

Dentro de ese grupo de personas ceduladas, el informe detalla una serie de “singularidades” y es que  “no reposa en los archivos de la Registraduría” documento alguno que soporte o demuestre el nivel de consanguinidad del extranjero cedulado con algún colombiano.

“Todo nos lleva a creer que muchas de esas personas ceduladas podrían ser integrantes de la banda de ‘Willy’ Melean y de otros grupos delincuenciales transnacionales, toda vez que muchas de ellas poseen el Número Único de Identificación Personal con cifras consecutivas cuyas fechas no corresponden con la de la inscripción”, dijo una fuente de la entidad a este medio.

Melean con otro nombre

 El día en que Melean Frontado fue neutralizado por las autoridades le fue hallado un documento de identidad cuyo nombre era el de Gabriel de Jesús Rodríguez Sánchez, cuya fecha de inscripción en la base de datos fue el 28 de septiembre de 1983 y la fecha de grabación (para la cédula) el 26 de marzo de 2018 en la Notaría 2 de Palmira, Valle.

En esos documentos “no se encontraron antecedentes para la solicitud de la cédula” que tenía Melean, pero además el número del registro civil corresponde a Jesús Antonio Muñoz Alba, quien fue inscrito el 14 de noviembre de 1972 en la Notaría de 2 de Palmira.

Igual situación se presentó con el documento que le fue hallado a la compañera sentimental de MeleanLa cual fue identificada como Iranitza Elizabeth Reyez Granadillo, cuya fecha de inscripción en la base de datos fue el 24 de noviembre de 1982 y la fecha de grabación al sistema para la expedición de cédula fue el 27 de marzo de 2018. “En este caso no se encontró documentos antecedentes”.

“Para la solicitud de cédula por primera vez, los registros civiles  de nacimiento fueron grabados por el usuario que le fue asignado al registrador municipal de GalapaJuan Carlos Castañeda Pradilla, presentando la novedad de que son inscritos en la misma registraduría y no se encuentra físicamente,  ni dentro de una consulta aleatoria en el sistema, soporte alguno”, señala el documento de la auditoría.

Es decir que para la expedición del documento “se habría presentado una falsedad ideológica de documento público”, aunque el documento de identidad expedido sí era original. “Allí es evidente que hay una irregularidad”, dijo una fuente a este medio.

Otras de las anomalías halladas por los auditores corresponde a que en varios de los documentos, en la base de datos del sistema, tenían el nombre de la misma persona declarante (solicitante del registro), en este caso era el de la  comisaria de Familia del municipio. “La intervención de esta figura se da cuando en los procesos hay algún menor o persona que necesite que se le restablezcan sus derechos, pero es algo excepcional, no es una situación que se presente todos los días”, dijo la fuente. 

El grupo élite también verificó si en la fecha en la que se realizaron las expediciones se habría dado una campaña excepcional de registro, pero se halló que la Registraduría no adelantó dicha operación en el tiempo analizado.

Unas sugerencias

El documento de auditoría, que contiene cinco hojas, recomienda validar los documentos antecedentes de los registros y dar continuidad al diligenciamientode los formatos “verificando especialmente las firmas y huellas de los formatos de solicitud de inscripción extemporánea y declaración de testigos”.

Igualmente sugiere “validar las declaraciones de los testigos utilizadas como antecedente para las inscripciones aplicando la duda razonable en los casos en que se pueda utilizar declaraciones del testigo declarante que no cumplan con los requisitos legales establecidos en el acuerdo 1260 de 1970”.

Este medio estableció que el registrador Castañeda Pradilla se encontraba de vacaciones, pero a través de una circular le pidieron que se reintegrara a sus funciones para que pueda responder a las “irregularidades detectadas” y donde pueda señalar por qué los documentos hallados no tenían los debidos soportes.

Muchas de las personas que acuden para tramitar los documentos de forma irregular, según estableció este medio, lo hacen para poder obtener el pasaporte colombiano que les ayude a emigrar a otro país.

“Cuando vengan los procesos de anulaciones, las personas que sean citadas deberán comprobar que el documento que obtuvieron fue legal, y que en efecto son hijos de colombianos. Los pasaportes y cédulas a los que los sacaron de forma irregular serán anulados”, señaló una fuente. 

Una excepción

Precisamente estos procesos de nacionalización, con registros civiles y expedición de cédulas se han venido dando en el marco de la vigencia del Decreto 356 de 2017, mediante el cual se dictaron las normas para la inscripción extemporánea de nacimiento en el registro civil, con el objetivo de facilitar la inscripción de los hijos de padres colombianos que han nacido en Venezuela.

“Para hacer este trámite, es necesario presentar el registro civil venezolano debidamente apostillado, pero si no cuenta con la apostilla, podrá solicitarse el registro mediante la presentación de dos testigos hábiles, quienes prestarán declaración bajo juramento en la que manifiesten haber presenciado, asistido o tenido noticia directa y fidedigna del nacimiento del menor”, indicó la Cancillería al momento de la expedición del decreto.

Pero la norma establece que “si al testigo que se presente no le constan los hechos, podrá incurrir en la comisión de delitos como falso testimonio, cohecho, tráfico de migrantes y tráfico de menores, entre otros. Y el registro civil solicitado será anulado”.

El origen de las investigaciones

Recordemos que el pasado 30 de octubre funcionarios de la entidad habían cerrado la Registraduría de Soledad, luego de que se realizara una inspección judicial, a raíz de que este medio revelara, a través de un testimonio de una persona, cómo de los archivos de esa entidad se les ubica a los migrantes, según sus apellidos, “un progenitor colombiano”para que obtengan la cédula o el registro civil que les permita acceder a la nacionalidad colombiana.

Es por esa razón que el registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, desde hace dos semanas, junto con funcionarios y agentes de la Fiscalía, Migración, CTI y autoridades estadounidenses, realiza una “cruzada” en todo el país con la intención de combatir a “las mafias” que estarían realizando trámites irregulares con la intención de nacionalizar a migrantes.

“Desde hace unas semanas hemos adelantado varias labores para combatir las mafias internas que se encuentran dentro de la Registraduría Nacional,  las cuales no solo están falsificando la identidad colombiana, sino también prestándose para otras actividades delincuenciales. En los últimos días se han dado capturas de funcionarios y suspensiones para combatir la corrupción dentro de la entidad”, señaló el registrador a través de un video institucional.

De igual forma, dos funcionarios de la Registraduría Auxiliar 1 de Soledad fueron suspendidospreventivamente de sus cargos, en medio de las investigaciones que se adelantan.

El registrador Vega manifestó que dichas indagaciones se dan también con la intención de impedir “irregularidades” en el censo electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2022, por lo que no se descarta que las investigacione se extiendan a otras registradurías de la Región Caribe.

Una visita del registrador

 El Heraldo conoció que el registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, podría llegar al departamento en los próximos días con la intención de verificar el avance de las investigaciones.

“No se descarta que en la visita que realice el registrador haga anuncios importantes, los cuales está consultando con las autoridades de orden nacional”, dijo una fuente a este medio.

Por otro lado, las registradurías que se encuentran cerradas actualmente (la Especial de Soledad y la municipal de Galapa)  no serán reabiertas hasta que adelanten “todas” las indagaciones necesarias.

“El cierre se da por prevención y evitar que se interrumpan las investigaciones que se adelantan”.

¿Una mafia más profunda?

Un testimonio que conoció El Heraldo evidenció que la presunta red de tramites irregulares también se habría dado en las notarías, toda vez que el Decreto 1260 de 1970 permite el Registro Civil de mayores de 18 años en esas oficinas.

Una mujer venezolana contó que una vez conversando con un abogado este le indicó que podría obtener su cédula con solo llevar un par de testigos a una notaría, los cuales “certificarían” que ella era hija de un persona nacida en Colombia.

“Yo acudí a una notaría de la ciudad y dije que era colombiana, pero que por razones de la vida no me presentaron nunca. Llevé dos testigos y un declarante que se hizo pasar por mi tío y automáticamente me registraron”, contó la mujer.

Pero la cédula, según contó la interesada, la expidió en la Registraduría Auxiliar 2 de Barranquilla, donde no tuvo que entregar más documento que el Registro Civil.

 “Allí solo llevé el registro civil y listo, después pude presentar a mis hijos”, contó la mujer. Otra de las irregularidades detectadas guarda relación con os juzgados, donde los procesos de jurisdicción voluntaria en los que el juez ordena los registros de extranjeros.

“En algunos departamentos se conoce que están haciendo uso fraudulento de ese recurso judicial. Algunos jueces lo hacen consciente de lo que están haciendo, pero otros son manipulados por personas que alegan el derecho a la salud, al trabajo y así el juez los protege. Llegan con la orden y deben ser registrados”, dijo una fuente a este medio.

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