Denuncian al CICPC por planear presunto enfrentamiento armado y desaparecer a dos comerciantes de Lossada

Denuncian al CICPC por planear presunto enfrentamiento armado y desaparecer a dos comerciantes de Lossada

En la gráfica Edy Ney Urdaneta, su hijo Edy Ney Urdaneta Manare, el penalista Freddy Ferrre y de pie el abogado Luiggi Granadillo

Edy Ney Urdaneta y su hijo Edy Ney Urdaneta Manare, dos empresarios del municipio Jesús Enrique Lossada, denunciaron ante el Fiscal Superior del Zulia, una acción hostil por parte de funcionarios del Cuerpo de investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Maracaibo y aseguraron que estos tratan de involucrarlos en delitos contra las personas y contra la propiedad para simular un enfrentamiento armado y liquidarlos, informaron hoy a NAD.

La seria acusación fue interpuesta ante los órganos jurisdiccionales a través del conocido penalista Freddy Ferrer y el abogado Luiggi Granadillo. Explicaron que en el CICPC “existe una presunta y nueva investigación penal, de manera infundada, en contra de estos empresarios, sin ningún tipo de elementos de convicción que pudieran comprometerlos en responsabilidades penales en algún hecho criminal, vinculándolos sin motivo alguno, con una supuesta banda delictiva como sicarios”.

Revelaron los denunciantes que “tres funcionarios del CICPC y dos del CPBEZ, identificados como Deivis Jesús Chávez González, David JoséBernal Farías, Willians Cheister González Atencio, Eudo Enrique Fuenmayor Paz y Fidel Sandino Villalobos Romero, tratan de involucrarnos en hechos delictivos que nunca hemos cometido”.

Informaron que en “Actas procesales que conforman la investigación fiscal MP-286.935-2014, que conoce la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público del Zulia, correspondiente a la causa criminal 11C-7189.2018, cursante actualmente ante el Juzgado Décimo tercero de Control del estado Zulia, así como la investigación fiscal MP-40.673-2020, que conoce la Fiscalía Quinta del MP, se evidencia que somos víctimas en esas investigaciones penales y que la conducta desarrollada por los referidos funcionarios policiales, es maliciosa y gravemente lesiva para mantenernos bajo falsas sospechas que les garantice poder asesinarnos de una manera cobarde y vil: simulando un hecho punible y un eventual enfrentamiento. Conculcando nuestros derechos y garantías constitucionales, para de esa manera sepultar la verdad procesal y la verdad moral, en relación a los hechos que malsanamente nos pretender atribuir para descalificarnos moralmente”.

En su escrito acusatorio, los juristas defensores, indican que sus clientes han sido víctimas de violencia psicológica e institucional, por parte de los nombrados funcionarios.

Con ello pretenden ocultar la verdad obtenida en la fase preparatoria de los mencionados procesos penales y un comportamiento vejatorio, humillante y lesivo a sus autoestimas.

Ante lo que califican de una acción delictuosa por parte de los referidos funcionarios, quienes pretenden hacer una operación policial incurriendo en delitos como simulación de hechos punibles, encubrimiento y robo agravado, Los abogados Freddy Ferrer y Luiggi Granadillo, acudieron ante el Fiscal Superior para denunciar formalmente a los prenombrados funcionarios por la comisión de dichos hechos punibles, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar antes señaladas.

Reiteraron que “ para verificar tal investigación, ante la Fiscalía 5ta del Ministerio Público, cursa la investigación Fiscal MP-40.673-2020  que guarda relación con los hechos denunciados en  el presente escrito  de denuncia  formal objetiva en contra de los identificados funcionarios policiales, que permite una mejor ilustración y trámite procesal.

Padre e hijo solicitaron al Fiscal Superior del Ministerio Público a que se ejerza el derecho constitucional de defensa en juicio y es por ello que han decidido ponerse a derecho una vez más. “Por ello pedimos que se nos investigue siempre ajustados a la estructura jurídica y judicial venezolana. No tenemos nada que ocultar y negamos de antemano en todo su espectro, formar parte de alguna banda criminal en ningún punto de la geografía nacional, regional ni municipal. Por lo contrario, en esta tierra tenemos nuestros negocios lícitos que son fácilmente comprobables por cualquier autoridad. Eso lo hemos demostrado ante el Ministerio Público en la consignación de un documento con 86 folios. Allí revelamos  de manera fiel y transparente, nuestra actividad comercial licita a través del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la sociedad de comercio Asociación Cooperativa “TODO TRANSPORTE CAITO”, R.L, de la sociedad mercantiles “Súper Market y Licorería Manare”, Constructora “Caito, C.A.”, de la Finca “Virgen del Carmen” y de los vehículos automotores, todas de nuestra propiedad”.

Exhortaron a las autoridades del Ministerio Público y Judiciales para que se hagan imponer de una vez por toda la justicia en base a la verdad. “Tuvimos que acudir a todo un experto en materia penal como lo es el abogado Freddy Ferrer para que haga valer nuestros sagrados derechos humanos y constitucionales. Somos gente de bien que trabajamos legalmente y estamos lejos de incurrir en cualquier delito o falta. Tenemos familia, por ellos y por nuestros principios morales, siempre estaremos apegados a la ley. Desafortunadamente hoy nos mantienen atemorizados, bajo amenazas de muerte y por ello, responsabilizamos al CICPC de lo que le pueda ocurrir a nuestra integridad física o la de algunos de nuestros parientes».

Finalmente dijeron confiar en que la sindéresis se haga presente y  prevalezca la justicia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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