El oro venezolano, ¿botín o activo de reserva? (Rodrigo Cabezas Morales)

El oro venezolano, ¿botín o activo de reserva? (Rodrigo Cabezas Morales)

El gobierno de Nicolás Maduro no se detiene en sorprender al país con anuncios que terminan en la nada. Un largo repertorio de juegos de palabras, propuestas absurdas, puestas en escenas de TV cargadas de dogmatismo, ignorancia y engaño, hemos visto y sufrido en estos años. Tiempo atrás anunciando una “guerra económica” prometió a pulmón batiente “un revolcón económico” para vencerla; como la victoria no llegó, anunció, meses después, “el sacudón económico”. El país requería que acometieran desde la ciencia económica el necesario programa de estabilización económica- social, de cierto, sus ministros y asesores, no tenían una sola idea para implementarlo frente a la caída de los precios del petróleo en 2014 -2015 y la recesión que recién comenzaba.

Igual destino tuvo el olvidado Plan de Ahorro en Lingoticos de oro de 2,5 y 1,5 gramos, ¿quién no sonrió? O el delirante ofrecimiento para que el BCV asumiera un yacimiento de petróleo en la faja petrolífera del Orinoco para emitir y vender títulos denominados en divisas, o el invento del petro como “cripto activo” para anclar el tipo de cambio y detener la inflación y como medida de referencia del salario mínimo, o lo último, el petro como “divisa” incorporada a las reservas internacionales. No menos dramático es la ruta de la empanada “socialista”, los criaderos de chivos y huertos en las viviendas, los gallineros en las escuelas y la sola sugerencia del “déficit fiscal cero”.

Ahora acuerda entregar una mina de oro “productiva” a los gobernadores militantes del PSUV para que obtengan divisas convertibles para sus gastos. Improvisación efectista, que pretende distraer al pueblo de su grave crisis humanitaria y socio-económica, y fundamentalmente, por las complejidades técnicas, legales, presupuestarias, financieras y geopolítica, impracticable.

La política de depredación, saqueo y pillaje en el arco minero del país ya ha sido cuestionada por ambientalistas, ecologistas, comunidades indígenas, parlamentarios y profesionales. El dominio de mafias criminales y actores externos en la zona sur de Venezuela ha pasado a ser una vergüenza para el estado-nación. Ahí nada es transparente, todo es opaco. Intentar sumergir a las gobernaciones en el negocio del oro es un disparate porque es una competencia del poder público nacional y, es contrario a disposiciones constitucionales y de la ley de administración financiera relativo a la unidad del tesoro nacional. Por tanto, lo sugerido por Nicolás Maduro, si llegara a concretarse, profundizaría el daño ecológico en el estado Bolívar y Amazonas y, está claramente revestido de ilegalidad. Le corresponde a la Asamblea Nacional y al Ministerio Publico iniciar una investigación que permita detener y sancionar este despropósito.

Las ideas cortas de los inquilinos de Miraflores nos llevan de regreso al siglo XX. Reforzando el modelo extractivista de minerales como supuesto modelo de progreso económico nos condena a medrar en el anti desarrollo.

Somos testigos que, cuando el mundo globalizado da pasos agigantados, desde la educación, la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas, en las telecomunicaciones, la informática, la robótica, el transporte, la innovación en fuentes de energías alternativas a los hidrocarburos y el carbón, equipos y tratamientos médicos, el gobierno huérfano de futuro sugiere una nueva dosis de subdesarrollo con el oro como negocio mercantil.

El oro visto como actividad económica debe ser extraído con procesos amigables con la biodiversidad, registrado y certificado por las normas e instituciones del sistema financiero mundial y permanecer como activo de reserva de la nación. El oro minado de la república pertenece al pueblo todo, no es un botín de guerra, es una riqueza natural que convertida en reservas internacionales potencian nuestro acceso al mundo para cerrar las brechas que en todos los órdenes tenemos en materia de seguridad alimentaria, industrial y científico- técnico.

Si suponemos de buena fe que el objetivo es “ayudar” a las regiones a tener recursos financieros adicionales distintos al Situado Constitucional, el gobierno y la Asamblea Nacional tiene dos caminos expeditos: El primero, dar cumplimiento a la disposición transitoria prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que ordena aprobar una ley que desarrollara la hacienda pública estadal para dotar a los gobiernos regionales de capacidad tributaria y llevar a otro nivel nuestra condición de estado federal descentralizado. En el año 2005 la Asamblea Nacional sancionó esa ley presentada a la plenaria parlamentaria por una comisión que presidí. El Ejecutivo la vetó y se engavetó. Depende de una firma.

El segundo, restablecer la plena vigencia de la ley de asignaciones económicas especiales que beneficiaba principalmente a los estados en cuyo territorio existe actividad petrolera en cualquiera de sus fases. Su suspensión fue una agresión a la provincia venezolana. Faltaría elaborar el marco legal para un sistema de asignaciones a las regiones por la extracción de minerales con prioridad a los estados Bolívar y Amazonas. No hay que inventar nada ya que esto está expresamente mandatado en el artículo constitucional 156 numeral 16.

En este último caso, la actividad extractiva del oro en Venezuela será apoyo al progreso nacional y no despojo por truhanes, activo de reserva de la república y no botín a repartirse.

Noticia al Día/Opinión/Rodrigo Cabezas Morales

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