Marino Alvarado reta a Tarek William Saab a presentar estadísticas

Marino Alvarado reta a Tarek William Saab a presentar estadísticas de las denuncias de violación DDHH en el MP

Marino Alvarado reta a Tarek William Saab a presentar estadísticas de las denuncias de violación DDHH en el MP

Marino Alvarado, directivo de Provea. Foto: Capture de pantalla

Marino Alvarado, directivo del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, hizo referencia al informe presentado por la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, que tiene que ver con los aspectos sociales de los venezolanos, y aseguró que este fue trabajado con meses de antelación y no es el resultado de sus tres días de visita.

Sus declaraciones fueron emitidas en el programa Vladimir a la 1, que se transmite por Globovisión, en el que cuestionó los señalamientos y criticas del Gobierno nacional al informe, donde además aprovechó el espacio para retar al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, a presentar las denuncias por casos de violación de derechos humanos en Venezuela.

Alvarado mencionó que el Gobierno rechaza el informe presentado por la alta comisionada, alegando que no tomaron en cuenta las sanciones que afectan y agravan la crisis en el país, pero a su juicio esto es falso, porque las sanciones si se mencionan, pero se aclara que la situación que atraviesa Venezuela estaba antes de éstas.

Recalcó que las diferencias entre las gestiones del MP de la Cuarta y Quinta República, es que en la cuarta había más institucionalidad y daban garantías de impunidad. «Las ejecuciones en el país son monstruosas, la FAES, masacra a miles de personas cada fin de semana», aseguró.

En el 2006 se logró la reforma policial, en la que hubo un acercamiento entre Gobierno y oposición, en la que se hizo un esfuerzo, para crear normas policiales, en la que estos organismos policiales pudieran ser operativos y respetuosos de los DDHH, pero desde la llegada de Nicolás Maduro, todo cambió. Acusó al FAES de ejecuciones y abusos policiales e igualmente a funcionarios de otros organismos. «Detrás de cada operativo del FAES salen los familiares a denunciar los abusos». «Detienen al presunto delincuente y lo asesinan frente a la propia familia», dijo en cuanto a algunos casos.

Alvarado criticó el silencio del Defensor del Pueblo, ante las diferentes denuncias, actuando como cómplice. Los operativos policiales deben garantizar que los funcionarios no harán uso proporcional de la fuerza, el segundo lugar trabajo de inteligencia efectivo,, los policías no están para hacer justicia, por lo que lo ideal es que defensores del pueblo o fiscales acompañen estos operativos.

El directivo de Provea resaltó que a pesar que este Gobierno dice que es del pueblo, los operativos del FAES son clasistas y van en contra de los pobres. «Habló de casos particulares que está denunciado en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el que familias fueron agredidas».

Lara es el estado de mayor letalidad de la FAES

Según las estadísticas que lleva Provea, en lo que va de año se han recibido denuncias de 205 ejecuciones extrajudiciales. afirmando que el estado Lara lidera este récord negativo, por lo que en lo que va de año ya se han denunciado 105 personas ejecutadas en Lara. «Es el estado con mayor letalidad, en complicidad con la gobernadora».

En cuanto a los crímenes de odio mencionó, que todos son condenables, pero en muchos casos de violencia humana, estos deben ser castigado con mucha contundencia, y no ser utilizados con un perfil político. «Estas prácticas que son equivocadas, no deben ser apoyadas», pero agregó que es el Ministerio Público es el que debería investigar a fondo cada uno de los casos denunciados.

Con respecto a la actuación policial del FAES, o los operativo OLP en algunos casos los comparó con las practicas yidahistas, que a su juicio son implementadas en Venezuela por estos organismos.

Alvarado trajo a colación la violencia en el arco minero, en el que se han recibido denuncias de militares que han participado en irregularidades de minería ilegal. El arco minero se convirtió en un lugar de violencia e irrespeto de los derechos de los indígenas de la zona.

Acerca de las acusaciones del Gobierno de que son financiados por los Estados Unidos, destacó que esto es parte de la retórica del Gobierno, pero si confirmó que reciben cooperación de ONG internacionales, iglesias, entre otras instituciones, pero alegó que sus cuentas son claras y transparentes y no tienen nada que ocultar en cuanto a los recursos que manejan.

Alcen la voz

El defensor de los derechos humanos hizo hincapié en prestarle atención y seguridad a los campesinos. Aunque refirió que han descendido los índices, no dejan de preocupar  y recordó que es el Ministerio Público debe investigar los casos de muerte de campesinos.

«Alcen la voz» es una de las propuestas de Marino Alvarado, para bajar los índices de violencia, a cada una de las víctimas de violación de los derechos humanos.

«Apostamos a mecanismos de diálogo y paz», por lo que espera que las negociaciones en Barbados traigan buenas noticias y acuerdos importantes para el beneficio de todos los venezolanos.

En la entrevista salió a relucir el caso de la clarinetista Karen Palacios, que desde hace un mes tenía boleta de excarcelación y que sólo un mes después fue efectiva, haciendo referencia que ella no es solo un caso de este tipo, sino que sen denunciado casos de personas que ya tienen 11 años con boleta de liberación que aun no se han cumplido.

De la misma manera, Alvarado indicó que se han presentado una persecución a los «chavistas disidentes» y que ahora son perseguidos, como el caso del general Miguel Rodríguez Torres, o el de otros chavistas que por pensar distinto han tenido que salir del país, para evitar ser reprimidos.

En el caso de Rubén González, sindicalista que se encuentra detenido, mencionó que es la segunda vez que fue privado de libertad, fue militante del PSUV y que su único delito es defender los derechos de los trabajadores y que ahora es juzgado por tribunales militares. Recalcó que protestar o organizar una huelga no puede ser motivo para una detención y menos para aplicarla una práctica ilegal que es ser juzgado por tribunales militares, siendo civil.

En la entrevista salió a relucir el crimen del capitán Rafael Acosta Arévalo, en la que señaló que estos militares no actuaron solos, e hizo mención a una cadena de mando, en las que estarían involucrados el propio ministro de la Defensa, y el presidente de la República, por lo que nuevamente hizo un llamado al MP a investigar a fondo este caso.

Noticia al Día/NMS

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