Implican a dos policías federales en caso de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos

Implican a dos policías federales en caso de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos

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Por primera vez desde que comenzó la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en el estado mexicano de Guerrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha cargado contra las fuerzas de seguridad.

La Comisión, basándose en los testimonios de los dos policías, a los que no ha querido identificar, asegura que estos agentes federales habrían estado involucrados en la desaparición de los estudiantes.

«Hoy damos a conocer información que daría a presumir la participación de elementos de Huitzuco y elementos de la Policía Federal en los hechos ocurridos en el denominado puente del Chipote, en Iguala», dijo en rueda de prensa el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

En ese punto, por donde transitaba uno de los autobuses con estudiantes de la Escuela Normal (de magisterio) de Ayotzinapa (Guerrero, sur), llegaron varias patrullas de los policías municipales de Huitzuco, situado a unos 30 kilómetros de Iguala, así como patrullas de esta última localidad y de dos agentes federales.

Según la nueva versión, la noche del 26 de septiembre de 2014, día de la desaparición, los policías de Huitzuco podrían haberse llevado los entre 15 y 20 estudiantes que se encontraban dentro del vehículo, lo que daría pie a la configuración de una «segunda ruta de desaparición».

Dicha hipótesis difiere de la ruta establecida en la versión de la Fiscalía General, que establece que los jóvenes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula, localidad aledaña a Iguala.

El autobús involucrado fue identificado como el número 1531 de la compañía Estrella de Oro, en el que presumiblemente viajaba Alexander Mora, uno de los dos normalistas desaparecidos e identificados por el laboratorio austríaco de Innsbruck a partir de los restos hallados en una bolsa del río San Juan, al lado del vertedero, explicó la CNDH.

El vehículo fue perseguido y tiroteado por la policía de Iguala hasta que, tras pinchar dos de sus ruedas, paró debajo del puente de Chipote.

A continuación se produjo una reyerta entre los estudiantes y los policías de Iguala que terminó con el sometimiento de los jóvenes. Ante la falta de patrullas para transportarlos, las fuerzas de seguridad locales afirmaron que recibirían refuerzos de Huitzuco.

«Instantes después llegan tres patrullas presumiblemente de Huitzuco y empiezan a subir a los normalistas a las camionetas patrulla», explicó el titular de la oficina especial para el caso Iguala de la CNDH, José Larrieta.

Según la reconstrucción de los hechos, dos patrullas de la Policía Federal llegaron después al lugar, una versión confirmada por dos miembros de la policía de Iguala, remarcó Larrieta.

Un agente federal preguntó sobre el destino de los estudiantes y uno de los policías municipales le explicó que se los llevarían a Huitzuco, donde «el patrón» iba a decidir «qué hacer con ellos».

El policía federal aceptó la respuesta y los agentes, ya con los jóvenes, continuaron con su camino.

Según la CNDH, dicho «patrón» podría ser un líder criminal de la zona y el hecho de que los agentes federales se «conformen» con la respuesta denotaría que conocían las intenciones de los policías municipales, lo que los haría cómplices del crimen.

Hasta el momento no se había involucrado a la Policía Federal en el suceso, solamente a los policías municipales de Iguala y Cocula.

Los padres denuncian un espionaje telefónico

Los padres de los 43 estudiantes informaron hoy que presentarán una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) por espionaje telefónico desde hace más de un año.

Al término de una reunión con la fiscal Arely Gómez en la que se les informó sobre los avances de la investigación, los padres convocaron una rueda de prensa en la que proclamaron que hay quienes quieren «criminalizarlos» y provocar fracturas en el grupo.

«Hace un año y cinco meses teníamos intervenidos nuestros teléfonos, saben lo que hacemos», afirmó uno de los padres, Mario César González, y mostró un documento del que dijo que era una demanda contra quien «resulte responsable del espionaje de esas llamadas».

«Y quién tiene la capacidad o los métodos para dicho espionaje sino la Procuraduría, el Gobierno, el que nos está vigilando, que no quiere que se sepa la verdad, que quiere que su verdad histórica se lleve a cabo», abundó.

El Mundo de España